Las limitaciones de un ministerio de la Familia

El Gobierno de Sebastián Piñera informó que ingresará al Parlamento la propuesta de transformación del ministerio de Desarrollo Social al ministerio de la Familia. Éste no será un cambio meramente estético, sino que de concretarse, todo apunta a que este Gobierno enfatizará en la “familia” como “la” institución básica de la sociedad, y por ende, del desarrollo del país.

Será un Ministerio con una marcada carga ideológica, aunque no se quiera explicitar.

Comprender a la “familia” como agente del desarrollo de la sociedad, encierra a la política pública y de derechos por parte del Estado en esta institución en específico, sin considerar una mirada holística de las problemáticas sociales que se articulan en la base social, excluyendo a los individuos en sus particularidades, como a otras formas colectivas de organización social.

Por otra parte, el denominar al Ministerio de la “Familia”, excluye la pluralidad de este fenómeno.

Reduce, hegemoniza y reproduce una visión conservadora y estereotipada de la familia, como de la sociedad toda, sustentada en la heteronorma, en la división sexual del trabajo, como en los roles establecidos socialmente, como si no existiesen otros tipos de familias: mononucleares, homoparentales, de hecho, entre otras.

Todas ellas deben ser incorporadas para una política pública que pretenda coadyuvar al desarrollo integral de las personas.

La gran razón dada hasta hoy para la transformación del Ministerio, estriba en los problemas del SENAME.

En abril del presente año, el ministro Alfredo Moreno aseguraba que “se quiere poner prioridad a la familia como factor clave en el cuidado y la atención de los niños” vulnerables o en riesgo social.

Como se puede constatar, la política en infancia de las últimas décadas, se ha focalizado particularmente en la situación de “menores” (como los cataloga el Estado) vulnerados e infractores de ley, sin dar cuenta de una mirada integral de la niñez.

Así, se concentran los problemas de niñas, niños y adolescentes dentro de la institución de “la familia”. De esta forma, se perpetúa la asociación de la familia pobre con la vulneración de derechos de niñas y niños, sin colocar énfasis en el contexto social y comunitario en que las personas se desenvuelven cotidianamente, y que pueden resultar fundamentales para una efectiva política en esta área.

Se requiere avanzar en una política pública universal en derechos de las “niñeces”, (concepto acuñado para dar cuenta de la diversidad de experiencias y tipos de niñez que existen), que supere el enfoque neoliberal instalado sobre niñas y niños vulnerados o considerados como un “riesgo” para la sociedad, lo cual pareciera más bien una política de control social sobre aquellos potencialmente peligrosos para dicho orden.

Potenciar, por ejemplo, el Programa Chile Crece Contigo, puede ser una alternativa eficaz en construir las bases de un sistema de derechos para niñas y niños, por medio de la reconstrucción de redes y espacios comunitarios (sean éstas las familias, las escuelas, centros de salud, culturales, deportivos, entre otros).

 Así, el enfoque son todas las niñas y niños, como adolescentes, dando cuenta de su contexto social, económico y cultural, potenciando la igualdad de posiciones, y reduciendo las desigualdades sociales.

En el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se originó la política de “promoción popular”. Ésta buscaba hacerse cargo de la pluralidad de sujetos sociales marginados presentes en el territorio, con el objetivo del trabajo cooperativo entre Estado y sociedad desde la base y la comunidad, con el fin de aportar al desarrollo del país.

En su momento, Salvador Allende, propuso la creación de un ministerio de la Familia, pero en perspectiva de generar condiciones materiales para la vida digna de millones de personas marginadas por medio de la coordinación de diferentes aspectos de la política pública. Por ejemplo, de la entrega de medio litro de leche diario para todas las niñas y niños de Chile.

Resulta paradójico así, que, cinco décadas después, el Estado insista en reducir su políticas focalizadas sólo en la “familia”, en singular, generando la familiarización de las problemáticas sociales, invisibilizando las contradicciones estructurales y culturales que originan la exclusión, la marginalidad y la segregación.

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