Ley de funerales narco: ¿Solución o cantinfleo?
Uno de los supuestos básicos de una sociedad occidental, aparentemente civilizada, radica en que todos sus miembros cumplen las normas y reglas que ellos mismos se dan -mayoritariamente- para coexistir y desarrollarse de manera pacífica. Por su parte, el Estado, que funciona y se organiza a través de los órganos e instituciones públicas, tiene el rol de cumplir y hacer cumplir esas mismas normas y reglas de convivencia (la ley vigente).
Estos supuestos básicos, que aparecen como obvios en un Estado de Derecho moderno de siglo XXI, permanecieron invisibles durante la discusión que tuvo lugar esta semana en el Senado, donde se votó y se aprobó (en general), el proyecto de ley que regula los funerales de alto riesgo, más conocidos como "narco funerales". Esta moción, que pareciera un esfuerzo del Gobierno y de la clase política por dar señales a la ciudadanía de que "están haciendo la pega" para combatir la delincuencia y el crimen organizado, en la práctica simboliza todo lo contrario: La pérdida de autoridad para cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en Chile. Es decir, representa un fracaso de las actuales autoridades en materia de seguridad pública y en la persecución criminal.
Este proyecto fue justificado por el Gobierno como necesario para hacerse cargo de una realidad social lamentable y que se trataría de un fenómeno que es necesario erradicar, para lo cual, se necesitarían las herramientas que entrega este proyecto. Especialmente se puso énfasis en medidas preventivas, subrayando la necesidad de regular y sancionar los desórdenes cometidos durante este tipo de funerales, tales como disparos al aire, utilización de fuegos artificiales y conductas violentas, que se enmarcan en estas ceremonias producto del consumo de alcohol y drogas por parte de los concurrentes, comportamientos que han caracterizado estos funerales, como parte de una pseudo "cultura narco".
¿En qué consiste el proyecto que regula los funerales de alto riesgo? En pocas palabras, se establece un plazo máximo de 24 horas para la totalidad del proceso funerario en los casos que se califique un funeral de "alto riesgo" (plazo que corre desde la inscripción de la defunción hasta el traslado y sepultación o cremación en el cementerio) y se dispone que será el delegado presidencial regional quien deberá calificar si el funeral es de alto riesgo, y si es así, deberá dictar una resolución fundamentada en el más breve plazo para que se realice todo el proceso en un máximo de 24 horas.
Sin perjuicio de lo anterior, Carabineros de Chile podrá clasificar este funeral, según su nivel de riesgo en extremo, alto, moderado o bajo; para efectos estratégicos y operativos. Además, se estipula que Carabineros debe notificar a los familiares del fallecido acerca de la calificación de funeral de alto riesgo, y que será la policía uniformada la que determinará el tipo de despliegue y recursos necesarios para gestionar el riesgo asociado al funeral.
Como ya se puede adelantar, las soluciones que se proponen difícilmente lograrán el objetivo de erradicar los funerales narcos. Al contrario, el mero hecho de que estemos legislando para hacernos cargo de este problema ya es una señal de fracaso absoluto de las autoridades competentes. Estamos validando y legitimando su existencia, dando señales claras a los delincuentes de que no somos capaces de hacer cumplir la ley, que no tenemos mano dura para controlar: el uso y porte de armas de fuego en las calles (lo cual está prohibido y es sancionado); el uso de fuegos artificiales (también prohibido y sancionado); o el comportamiento violento que surge del consumo de alcohol o drogas (igualmente prohibido y sancionado).
Adoptar medidas "preventivas", como la suspensión de clases o la interrupción de la movilidad y tránsito de las personas, es una manifestación clara de nuestra ineptitud para resguardar el orden público y garantizar a la población un desarrollo pacífico y normal durante estos funerales.
Aquí lo que realmente falta, además de cumplir y hacer cumplir la ley (con mano dura si es necesario, tal como se requiere en estos casos), es hacer responsables a quienes no están haciendo la pega: Aquellos encargados de hacer respetar la ley que no lo están cumpliendo. Para esto, además, es crucial dotar de mayores atribuciones a nuestras policías para que (sin miedo a perder sus trabajos o a ser cuestionadas por sectores radicales pro-delincuentes), puedan ejercer su rol -tal como se espera- en el restablecimiento del orden público, perseguir a los delincuentes y enfrentar la inseguridad que generan los funerales de alto riesgo.
Esto es justo lo contrario a lo que busca este proyecto, que solo validará la interrupción de la vida diaria de la población, permitiendo que los narcos y sus familias hagan lo que quieran en estas ceremonias bajo el pretexto de adoptar medidas preventivas. ¡Aquí hacen falta pantalones, y punto! Dejemos de profundizar el cantinfleo antes de que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es.
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