Los riesgos de una crisis

Eduardo Contreras

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La Historia de nuestro país nos ha enseñado que una cosa es tener el Gobierno del Estado, principalmente a través de la Presidencia de la  República y otros órganos estatales establecidos en la Constitución Política, y que otra muy distinta es ostentar el poder real.

Este último tiene que ver de modo muy importante con un elemento coercitivo como es la fuerza material, que legalmente es ejercida por las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por cierto tiene que ver también con un elemento ideológico, como son los medios de comunicación.

Ambos a su vez están relacionados de distintas formas con quienes controlan en los hechos la Economía del país. Así ha sido y así sigue siendo y por lo tanto cuanto suceda en los institutos armados y la forma de enfrentar las situaciones que allí se produzcan son asuntos esenciales para la estabilidad democrática de la sociedad.

Dado esta realidad, resulta altamente preocupante que hasta nuestros días no se resuelva de modo claro y definitivo la nueva forma de actuar de estas instituciones y que no ha de ser la instaurada tras el golpe de septiembre de 1973 que les otorgó en los hechos un poder político real.

La transición pactada entre la dictadura y un sector político que en esencia dio vida al régimen político en que hoy vivimos, no resolvió, por distintas razones, todos los problemas creados tras la instalación del gobierno ilegítimo y totalitario del 73. Entre ellos uno muy trascendente como es la autonomía de los institutos armados cuya  dependencia del poder civil no siempre se cumple estrictamente a cabalidad.

La norma constitucional establece que las Fuerzas Armadas son dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional y a su vez que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones y dependen del Ministerio respectivo.

Está planteado que ellas constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Son además entidades esencialmente obedientes y no deliberantes además de profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Agrega el texto constitucional que ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares.

¿Se cumple a cabalidad hoy en Chile este mandato supremo?

La enorme cantidad de graves delitos de malversación, fraudes, estafas, desfalcos y otros ilícitos cometidos por los mandos de estas instituciones y que hoy son, en general, de conocimiento público, y que en muchos casos se encuentran ya con procesos judiciales en curso, funcionarios detenidos y formalizados, demuestran sin duda que los altos personeros que han delinquido no contribuyen precisamente al orden público y menos, mucho menos, a la seguridad pública interior, como ordena la propia Constitución de Pinochet que nos sigue rigiendo.

Es cierto, claro, que puede entenderse que si el propio dictador y su círculo familiar, político, y profesional más cercano, como lo demuestran hasta la saciedad los expedientes de los procesos judiciales seguidos en nuestro país, dedicaron buena parte de su actuar a perpetrar cuantiosos robos y saqueos, falsificaciones, expropiaciones ilegales de bienes públicos y todo aquello que sabemos, no daban precisamente un buen  ejemplo a sus subordinados.

¡Pero si además se ha llegado al colmo de robar armamento para vendérselo a bandas de narcotraficantes!

Ante tan  gravísimos sucesos cabe preguntarse  si de veras la sociedad chilena ha tomado conciencia de la inmensa gravedad de cuanto ocurre. 

Es que no se trata sólo de violar de nuevo el texto constitucional respecto de quienes son los únicos que pueden poseer armamento, sino que con su conducta estos uniformados llevan a la sociedad chilena al riesgo de la implantación de la barbarie que hoy sufren otros pueblos del continente y del mundo como es el Narcotráfico internacional.

Es en este peligroso contexto que por los mismos días los tribunales de Justicia han dictado condena en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa por su participación en los actos criminales que conocemos como “Caravana de a Muerte , episodio La Serena”. Lo que constituye una nueva y categórica expresión del actuar de esas instituciones.

Y hablamos nada menos del que anunció el “¡Nunca Más!, refiriéndose a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes de la dictadura

Quienes así actúan le han mentido al pueblo chileno, a los familiares de las víctimas que ellos causaron y le han mentido a los tribunales y al Estado de Chile lo que claramente constituye una violación del orden jurídico nacional.

Seamos serios y claros. Nuestro país atraviesa por una crisis profunda de sus institutos armados y sus aparatos de seguridad. Varios de cuyos personeros han dado prueba de una conducta que exige la más pronta y drástica acción de la autoridad del Estado.

Es deber de la autoridad civil, de los órganos del Estado, aplicar las medidas pertinentes conforme la normativa constitucional e imponer una pronta y drástica solución a la situación que se vive.

Lo que no siempre es comprendido o compartido por todos los sectores y personeros políticos. Si no, recordemos cómo  Mario Desbordes, máximo dirigente de la entidad derechista Renovación Nacional, ha criticado muy recientemente a su propio compañero de ruta política, el Presidente Sebastián Piñera, llegando a afirmar que “no tiene sentido esto de estar permanentemente haciendo críticas durísimas en contra de las FFAA y Carabineros”. Llegó a decir que tales críticas eran como “pegarles en el suelo”.

¿Qué piensan de veras los actuales gobernantes sobre estos asuntos?

¿Comprenderá la derecha chilena todo lo que está en juego?

¿O es que en ese terreno de la política nacional son mayoría los “bolsonaros” criollos y sus tentaciones antidemocráticas?