Los secretos de la dictadura

Eduardo Contreras

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A pesar de los pactos de silencio y de los intentos por ocultar los crímenes de toda naturaleza cometidos por la dictadura, la verdad sigue abriéndose paso. No sólo respecto del genocidio contra nuestro pueblo y sus organizaciones, sino también en relación al saqueo de las riquezas y recursos del país que fueron perpetrados por los civiles y uniformados que destruyeron la democracia.

Pinochet y su entorno fueron instrumentos de los golpistas chilenos y extranjeros. Una vez en el poder, además de genocidas fueron delincuentes económicos de gran envergadura. No se trata sólo de las cuentas del Banco Riggs ni los bienes asignados a su familia a través de Cema Chile. Esos son delitos menores si se compara con el abierto proceso de saqueo de las empresas más importantes del Estado de la época, entregadas a parientes, amigos, socios o subalternos de confianza. Pero además operaciones cubiertas de un barniz de “legalidad” como la llamada ley reservada del Cobre.

El engendro fue obra de Pinochet por ley publicada, también reservadamente, en el diario oficial de julio de 1976 y que, en síntesis, entrega a las FFAA chilenas el 10% de lo que Codelco perciba anualmente por la venta del Cobre y cuyo empleo era absolutamente secreto para todos los chilenos y chilenas hasta que recién hace unos días ha sido parcialmente hecha pública. Esas elevadísimas sumas en dólares son traspasadas a cuentas secretas y además con un piso mínimo garantizado  de 90 millones de dólares con cargo al Presupuesto Nacional, aun cuando Codelco haya tenido pérdidas. Saqueo total.

Los más recientes escándalos, no únicos, como el “ Milicogate”, la desaparición de  5 mil millones de dólares y el eventual patrimonio injustificado del ex  Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente –Alba, forzaron el fin del secreto que afecta a nuestros “valientes soldados”.

La resolución del misterio fue adoptada por el Consejo para la Trasparencia a solicitud de un particular y aunque mantuvo en secreto el artículo 3° de la ley por probable afectación “ a la seguridad nacional”, la norma fue revelada por un periódico virtual y se refiere a las cuentas reservadas y operaciones particulares de cada rama de las FFAA.

El documento lleva la firma de Pinochet, Merino, Leigh, Mendoza y de los ministros de Hacienda y Defensa, a la sazón Herman Brady y Jorge Cauas respectivamente. Fue la llave que les permitió entrar a saco en los recursos del país y apropiarse de millones y millones de dólares durante todos estos años con fines desconocidos, mientras al Estado le faltan recursos para viviendas, trabajo,  hospitales, educación y tantas otras carencias sociales en los más variados campos.

Recién hace sólo unos días en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ¡y hasta con votos en contra! se acordó la publicación de esa indigna ley y se señaló que podía ser “un primer paso” para ver nuevas formas de financiamiento a las FFAA.

Las cosas han llegado demasiado lejos como para no reaccionar enérgicamente, pero hasta ahora las señales siguen siendo débiles. Es que el deterioro ético y moral a que han llegado determinados sectores, incluidos lamentablemente personeros de los institutos armados, no deja espacio para aceptar las excusas de que se trata de “responsabilidades individuales”.

La catástrofe medioambiental provocada por los grandes empresarios de la pesca en el austral Chiloé ocasiona gravísimos problemas a la población de esa apartada y hermosa zona. Se argumenta que no hay recursos. Y entonces resulta inevitable recordar que sólo en bebidas alcohólicas las  FFAA se gastaron de una pasada la friolera de 4 millones de dólares en 4 años, un millón de Dólares al año….y se supone que no era precisamente “material de guerra”. En tanto que un Comandante en Jefe del Ejército en  pocos años tuvo ingresos por 3 mil millones de pesos. Y no hay recursos para los afectados de Chiloé, ni para llevar adelante la reforma laboral o la reforma educacional.

Evidentemente, la solución no radica sólo en buscar nuevos mecanismos de financiamiento para los institutos armados, que sean adecuados, abiertos y transparentes. Eso debe hacerse, pero no es suficiente ni es lo de fondo. De lo que se trata es de enfrentar de una vez el asunto central : la democratización de nuestras Fuerzas Armadas, sus planes de estudio, el acceso a ellas, su dependencia efectiva del poder civil, su sujeción a la soberanía popular. No más institutos de elite, educados en doctrinas ajenas por completo a los verdaderos intereses nacionales y patrióticos.

Concuerdo con el muy ponderado y riguroso arquitecto don Miguel Lawner cuando en una reciente nota suya difundida en las redes bajo el título de “ ¿Cuando se jodió Chile?” afirmaba, no sin buenos argumentos, que eso sucedió en 1986, cuando “preocupado por el cariz que tomaban los acontecimientos en Chile, el Departamento de Estado norteamericano, comenzó a presionar a la dictadura en busca de una transición pactada con las fuerzas moderadas de la oposición, fórmula compartida por al Cardenal Fresno que  empujó en la misma dirección.”

Y añade don Miguel,“surgió un modelo de democracia protegida, conservando intacta la Constitución pinochetista”. Por esa dirección creemos que debe ir el análisis.

Y agregamos que  hoy en estos días, cuando este gobierno de la Nueva Mayoría y de la Presidenta Michelle Bachelet impulsa un proceso de cambios indispensables, los mismos sectores ultra reaccionarios, los que se apropiaron de las empresas del Estado, los que han amparado los “gastos reservados” tratan de posar de demócratas y de impedir o frenar ese proceso de cambios, uno de cuyos pilares es precisamente una Nueva  Constitución para Chile que deberá ubicar a nuestra nación a tono con los requerimientos y acuerdos internacionales en materia de protección a los derechos humanos fundamentales, entre los cuales figuran precisamente los derechos económicos y sociales hoy bloqueados por esos sectores y amenazados por el despilfarro incontrolado de los recursos del país.