Durante los últimos cincuenta años ha existido una expansión sin precedentes de lo urbano, donde este modo de vida ha crecido por encima de la dimensión física de la ciudad e incluso en oposición a ella.
El ritmo de crecimiento demográfico ha dificultado su gestión y planificación urbana, originando un modelo de ciudad dispersa que convierte la frontera urbano-rural en un espacio difuso, de tal modo que la regularización de los loteos es una más de las iniciativas que han coexistido a lo largo de la historia para resolver los problemas planificación existentes en la ciudad y en sus límites urbanos.
Entre ellos, encontramos loteos "brujos" o parcelaciones ilegales por parte de inescrupulosos loteadores que venden derechos o acciones sobre un terreno, existentes en cada provincia y región del país, y que por años, ha enfrentado a miles de vecinos con la autoridad en búsqueda de una solución para urbanizar su terreno, recorriendo día a día reparticiones públicas, para lograr acceder a servicios básicos que conforman un barrio, como alumbrado público, agua potable, servicios de recolección de basura, pavimentación y acceso a subsidios del Estado.
Junto a ello, tenemos los asentamientos precarios o campamentos que se encuentran ubicados en diversas zonas del país, y que crecen cada vez más. Según el catastro del ministerio de Vivienda y Urbanismo, estos alcanzaban en el año 2018, a802 campamentos en todo el país (y sigue aumentando) y albergaban a 47.050 hogares, siendo el mayor crecimiento en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y por cierto con los existentes en la Región de Valparaíso, situación que no cambiará mientras no exista una real política pública que permita disminuir los déficit habitacional existente.
Ahora bien, lo anterior se debe, entre otras razones, al modelo de mercado inmobiliario, a una mala planificación urbana y la cabida a grandes proyectos inmobiliarios que hace cada vez más difícil acceder a una vivienda propia dentro de los centros urbanos, debiendo desplazarse la población a la periferia donde no siempre existe urbanización.
Hoy en el Congreso Nacional se discute el proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su vigencia. En la historia de esta iniciativa, de carácter excepcional, se buscó que la población accediera a la vivienda en condiciones mínimas, que contemplara agua potable, alcantarillado y demás bienes públicos urbanos, y desde su publicación ha permitido regularizar campamentos y asentamientos urbanos y rurales, permitiendo a las personas alcanzar una vivienda digna.
En la discusión del proyecto, que fusionó diversas mociones parlamentarias, y el trabajo conjunto realizado por los equipos técnicos, permitió complementar la norma que hoy permitirá facilitar a las Direcciones de Obras Municipales el otorgamiento de la recepción definitiva, que le dará dignidad a miles de familias. Aún queda por perfeccionar la Ley 20.234, pero las modificaciones propuestas, permitirán seguir con el trabajo de muchos profesionales a lo largo del país.
Abogar por la dignidad en la vivienda a través de procedimientos como este es un avance para dejar atrás la precarización, pero sigue siendo un pequeño capítulo de muchos que permitan tener en nuestro país el derecho a la vivienda y una planificación urbana adecuada. Es el anhelo que se establezcan estos lineamientos en una nueva Constitución.
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