Medio ambiente y desarrollo: el falso dilema
En pocos días más, el Senado enfrentará una de las votaciones más relevantes para el futuro económico e institucional del país. Si se cumple el calendario legislativo, el próximo 15 de julio se votará una parte importante de la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, una iniciativa que busca modernizar distintas áreas del Estado y que, entre otros aspectos, propone cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La discusión no ha estado exenta de controversia. Para algunos, cualquier modificación a la institucionalidad ambiental supone un debilitamiento de la protección del medio ambiente. Para otros, el problema radica en la excesiva burocracia que ha convertido la tramitación de proyectos en un proceso largo, incierto y, muchas veces, impredecible.
Sin embargo, creo que el debate se ha planteado desde un punto de partida equivocado. La verdadera pregunta no es si Chile debe optar entre proteger el medio ambiente o promover el desarrollo económico. La verdadera pregunta es si somos capaces de construir una institucionalidad que haga ambas cosas al mismo tiempo.
Durante años hemos instalado una falsa dicotomía: cuidar nuestros ecosistemas o generar inversión. Como si proteger la naturaleza implicara necesariamente paralizar proyectos, o como si crecer significara inevitablemente deteriorar nuestro patrimonio ambiental. La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Los países que más han avanzado en desarrollo sostenible son precisamente aquellos que cuentan con reglas claras, instituciones sólidas y procesos ambientales exigentes, pero eficientes.
Chile necesita recuperar una virtud que durante décadas fue parte de su fortaleza institucional: la confianza.
Confianza en que las reglas serán conocidas antes de invertir millones de dólares. Confianza en que los organismos públicos resolverán dentro de plazos razonables. Confianza en que las comunidades serán escuchadas oportunamente. Confianza en que una evaluación ambiental será rigurosa, pero también técnicamente predecible. Hoy esa confianza se encuentra debilitada.
Proyectos que permanecen años esperando una resolución administrativa, criterios que cambian según la autoridad de turno, observaciones sucesivas que prolongan indefinidamente los procedimientos y reclamaciones que terminan convirtiéndose en una nueva etapa del proceso generan incertidumbre para todos. Y esa incertidumbre no solo afecta a quienes invierten.
También perjudica al trabajador que espera un empleo, al pequeño proveedor que depende del inicio de una obra, a las comunas que necesitan nueva infraestructura y a las familias que esperan mejores oportunidades de desarrollo. Porque la inversión nunca es una cifra abstracta.
Detrás de cada proyecto existen empleos, innovación, crecimiento económico, infraestructura pública, recaudación para los municipios y mejores condiciones para miles de personas. Cuando un proyecto responsable permanece paralizado durante años por razones ajenas a su mérito ambiental, el costo termina pagándolo toda la sociedad.
Eso no significa relativizar la protección del medio ambiente. Muy por el contrario. Una institucionalidad ambiental fuerte requiere evaluaciones rigurosas, organismos técnicos independientes y una participación ciudadana efectiva. Pero también necesita reglas claras y decisiones oportunas. Un procedimiento que nunca concluye deja de proteger el medio ambiente y comienza a transformarse en un obstáculo para el desarrollo del país.
En ese contexto, los cambios que hoy se discuten en el Congreso -como el perfeccionamiento de los plazos administrativos, la recuperación del Comité de Ministros como instancia de revisión y la búsqueda de mayor certeza jurídica para todos los actores involucrados- apuntan precisamente a fortalecer una institucionalidad que debe ser capaz de entregar respuestas técnicas, transparentes y definitivas.
No se trata de aprobar proyectos a cualquier costo. Se trata de que los buenos proyectos puedan avanzar y que los malos proyectos sean rechazados dentro de un procedimiento claro, conocido y razonablemente acotado en el tiempo.
Chile enfrenta enormes desafíos. Necesitamos aumentar nuestra productividad, recuperar el crecimiento económico, desarrollar infraestructura, avanzar en la transición energética y responder a crecientes demandas sociales. Nada de ello será posible si seguimos proyectando la imagen de un país donde los proyectos pueden permanecer indefinidamente atrapados entre trámites administrativos, recursos sucesivos e incertidumbre regulatoria.
La protección ambiental y el desarrollo económico no son objetivos contrapuestos. Son dos condiciones indispensables para construir un país más próspero, más sostenible y más justo.
La votación del próximo 15 de julio probablemente no resolverá por sí sola todos los desafíos que enfrenta nuestra economía. Pero sí puede marcar el inicio de una nueva forma de entender la relación entre desarrollo y medio ambiente: una donde el crecimiento no sea enemigo de la sustentabilidad y donde proteger nuestros recursos naturales no signifique renunciar al progreso.
Porque una buena institucionalidad ambiental no es aquella que aprueba todos los proyectos, ni aquella que los rechaza todos. Es aquella que entrega respuestas oportunas, transparentes, técnicamente fundadas y capaces de generar confianza. Y hoy, más que nunca, Chile necesita volver a confiar en sus instituciones para volver a creer en su futuro.