Es una mala noticia las declaraciones hechas por el Jefe del Departamento de Extranjería Migraciones, Rodrigo Sandoval, quien confirma que este gobierno no llevará adelante el proyecto de ley que reemplace nuestra anticuada normativa, que data de los años setenta.
A Chile se le está agotando el tiempo para tomar definiciones sobre su política migratoria, especialmente en un contexto de cierre fronterizo por parte de los destinos tradicionales para los migrantes, factor que hace aún más atractiva la opción de radicarse en Chile. La declaración de renuncia a esta política gubernamental aplaza hasta 2018 al menos cualquier intento por ensayar respuestas a una temática que cada día más preocupa a la ciudadanía.
Ante esto no son válidas las consideraciones de tipo presupuestarias que plantea el gobierno. Los costos de tener una política y servicio migratorios adecuados parecen infinitamente menores a los costos de una migración irregular, que dificulta el aseguramiento de derechos básicos a los propios migrantes, quienes desarrollan sus vidas en el país con la incertidumbre de su estatus residencial y la factibilidad de su proyecto de vida en el país.
Tampoco parece haber una manifestación explícita sobre el tipo de migración y cantidad de personas que nuestro país puede recibir, ni políticas de ubicación para quienes deseen arribar a regiones donde más se requiera del trabajo de extranjeros. Estos deben estar necesariamente acompañados de detalles sobre las tasas de natalidad y solicitudes de reunificación familiar, para proyectar no sólo nuestras políticas de ingreso, sino todas las necesidades de la red de servicios públicos en las comunidades que reciben las mayores oleadas migratorias.
La falta de esta política también supone efectos directos en la comisión de delitos migratorios y humanitarios, apreciándose en el último tiempo publicitados casos de trata de personas y otros, que bordean los límites de la esclavitud en Chile, el fraude de contratos irregulares, y por qué no, la propia actividad delictual de aquellos que pudiendo ingresar libremente se encuentran desprovistos de los recursos y preparación mínima para ser integrados al mercado laboral chileno.
Esta inacción ha contribuido a la mala percepción social sobre las nuevas comunidades que han ingresado al país, marginalizándolas y alimentando sentimientos de odio colectivos, fundados en una escasa educación sobre el aporte y la necesidad de acogida a migrantes que aporten al desarrollo del país.
La decisión del gobierno hace peligrar el destino de nuestra política migratoria, centrando su debate y resolución en la campaña presidencial del próximo año. Dado el contexto global y la experiencia en elecciones en otros países importantes, será riesgoso asociar el resultado electoral a una definición específica en cuanto a migraciones, cuando se puede asumir que la ciudadanía reaccionaría hoy de manera positiva ante cualquier política que contribuya a ordenar de manera racional el asunto.
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