Ministerio de Seguridad Pública, una oportunidad perdida
En política hay momentos que, si no se abordan con las decisiones correctas, se transforman en verdaderas oportunidades perdidas y sus consecuencias pueden lamentarse por años o incluso décadas. Los chilenos están conscientes de aquello, ya que han vivido los efectos de varias malas decisiones o simplemente de la ausencia de ellas durante el último tiempo. Las más insignes serían una inmigración descontrolada a la que no se le hizo frente oportunamente (la nueva ley se demoró más de 7 años en tramitarse) y el avance del crimen organizado en un contexto en el que las policías estaban absolutamente debilitadas (panorama en el que las actuales autoridades tienen una responsabilidad mayúscula).
Lamentablemente, no hemos aprendido de nuestros errores y, al parecer, estamos condenados a tropezarnos con la misma piedra: El tomar malas decisiones. Escribo esto pues hace poco más de una semana fue despachada para su votación final en el Congreso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un proyecto de ley que cuenta con serias deficiencias.
Pese a que la idea matriz de crear este nuevo ministerio ha contado, desde el inicio, con un amplio consenso político, el proyecto que tendrá que votarse dentro de las próximas semanas no se alinea realmente con el propósito original de crear una institucionalidad especializada que conduzca de manera eficiente el combate contra la delincuencia y el crimen organizado en el país.
Por el contrario, este último tiene flancos preocupantes. Por ejemplo, se amplía la supervisión de las autoridades civiles a la gestión policial, a los ámbitos estratégicos y operativos, lo cual deteriora la autonomía de las policías y supone un riesgo para las autoridades políticas en caso de que ocurra una falta en el seguimiento de los protocolos por parte de algún funcionario de Carabineros o la PDI. Por otro lado, se pierde la oportunidad de optimizar la función pública en tanto se mantiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, institución que -luego de una década- no ha mostrado tener un impacto positivo relevante en la seguridad del país. Asimismo, se establece la figura del seremi de Seguridad, la cual termina por debilitar a los delegados presidenciales regionales al quitarles la exclusividad en el control del orden público y la seguridad pública. Adicionalmente, se genera una plataforma de acceso nacional a los sistemas de televigilancia que no considera los resguardos suficientes para evitar potenciales usos indebidos y que, a la luz del caso Monsalve, toma una especial relevancia hoy en día.
De forma paralela, el proyecto de ley incorpora varias modificaciones a la estructura del Ministerio del Interior, siendo la principal la entrega de facultades que son exclusivas del Presidente de la República al ministro del Interior. Esto último, en la práctica, crea la figura de un "jefe de Gabinete" que podría actuar como supervigilante de los demás ministros, con potestad de requerirles informes y formularles propuestas de mejora a su acción. Bajo este esquema, se dificulta enormemente la intención de poder repensar y modernizar lo que constituye el centro de Gobierno (Interior, Segpres, Segegob y eñ "segundo piso"), una idea que ha estado pendiente.
No hay dudas de que Chile está viviendo una crisis en materia de seguridad y que, frente a esta, contar con un marco institucional moderno y eficiente constituiría una ventaja. Sin embargo, existen argumentos suficientes para pensar que el mencionado proyecto no resultará ser una herramienta eficaz para mejorar la situación de inseguridad que vive el país. Por el contrario, este introducirá una serie de facultades innecesarias que no subsanarán las deficiencias del Estado en esta materia, siendo su tramitación, una vez más, una oportunidad perdida.
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