Municipalización represiva, fragmentación del control social y policías políticas locales
El debate que hoy cruza a las administraciones locales frente a la pretensión del gobierno central de imponer un nuevo reglamento de seguridad municipal no es una simple discrepancia técnica sobre atribuciones o presupuestos. Lo que se está gestando en la trastienda de la política institucional es un salto cualitativo en la reestructuración del Estado burgués: la transferencia sistemática de las funciones de contención y coerción hacia los municipios, en el marco de una histeria securitaria que busca tapar las grietas de un modelo socioeconómico agotado.
Desde una rigurosa lectura del materialismo histórico y la economía política, debemos decir las cosas por su nombre: el Estado central, incapaz de garantizar los derechos sociales fundamentales -salud, educación, vivienda digna y pensiones- y desbordado por la descomposición de sus propios aparatos represivos tradicionales, pretende descargar en los gobiernos locales la tarea de la contención social. Y lo hace mediante el peor de los mecanismos: el populismo penal sin presupuesto fiscal.
Se pretende que los municipios -especialmente los más postergados- reorienten sus exiguos fondos comunitarios para financiar patrullas, chalecos antibalas y tecnologías de vigilancia. Esta maniobra no solo profundiza la brecha de clase entre comunas ricas y comunas populares -donde las primeras pueden costear verdaderos ejércitos privados de vigilancia y las segundas deben decidir entre reparar un consultorio o comprar cámaras de seguridad-, sino que además se sostiene sobre la precarización radical de la fuerza de trabajo municipal. Se expone a las y los inspectores, trabajadores en su mayoría bajo regímenes inestables de contrata u honorarios, a asumir labores de alto riesgo operacional sin garantías previsionales, laborales ni de salud.
Sin embargo, el peligro más severo de esta municipalización de la seguridad -y que la hegemonía mediática oculta deliberadamente- radica en la fragmentación del monopolio de la fuerza y en la peligrosa germinación de policías políticas a escala local.
Al otorgar facultades de control, inteligencia territorial y capacidad disuasiva a las estructuras municipales, se le entrega a la jefatura de turno -al alcalde o alcaldesa de turno- un aparato de coacción directa que responde a intereses políticos inmediatos y de clase. En un país con una profunda desigualdad y donde la protesta social, el comercio ambulante fruto del desempleo y la organización comunitaria son sistemáticamente criminalizados, convertir la seguridad municipal en una fuerza de choque territorial abre la puerta a la persecución dirigida contra dirigentes sociales, opositores políticos y sectores populares movilizados.
Como advertía Antonio Gramsci, al desentrañar los mecanismos de la hegemonía y la coerción en el Estado ampliado, la burguesía no solo gobierna a través de la violencia abierta de las grandes instituciones centralizadas, sino también articulando la coerción en los niveles intermedios y territoriales para disciplinar el sentido común y sofocar el conflicto de clase desde la proximidad. Entregar la gestión de la violencia represiva al ámbito municipal es descentralizar la represión y dar pie a la creación de pequeños feudos donde la autoridad local opera con discrecionalidad autocrática.
El verdadero camino para garantizar la tranquilidad y la paz en nuestros barrios no pasa por transformar a las municipalidades en comisarías ni a los inspectores en policías de segunda categoría al servicio del control social. La verdadera seguridad de la clase trabajadora nace de una verdadera reforma a las policías, que las subordine realmente al poder civil, que las dote de recursos y profesionalismo necesario para abordar los desafíos de seguridad, sumada a la restitución de sus derechos robados a la clase trabajadora, del fin de la precarización de la vida y de la democratización de la riqueza que hoy se concentran en pocas manos. Romper con la trampa del consenso punitivo es una urgencia impostergable si no queremos despertar con un país parcelado en feudos policiales al servicio de la patronal local.