Ottone y el neoliberalismo en Chile

Alexis Cortés

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Para el sociólogo Manuel Castells, Chile fue el escenario de implementación de dos modelos basados en la apertura económica y en la centralidad del mercado como asignador de recursos. Por un lado “el modelo autoritario liberal excluyente”, instaurado durante la dictadura del General Pinochet (1973-1989), basado en la marginación de los beneficios del crecimiento de parte importante de la población, a través del ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado y donde su presencia con políticas correctores de las desigualdades sociales prácticamente desaparece.

Y, por otro lado, “el democrático liberal inclusivo”, organizado desde un Estado democrático que mantiene el papel central del mercado en la distribución de recursos, pero estando abierto a la aplicación de políticas públicas con el objeto de generar condiciones de inclusión de la población a los beneficios del progresos económico, principalmente a través de un incremento significativo del gasto social.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿el hecho de que el sistema neoliberal haya alcanzado su apogeo de legitimidad durante el período democrático es suficiente razón para diferenciarlo del modelo implementado durante la dictadura?

Sin duda, la variable democracia contribuyó a la legitimación del modelo económico, pero los patrones de acumulación y la estrategia de inserción se mantuvieron prácticamente inalterados, a saber, una lógica neoclásica de crecimiento sustentada en la exportación de productos primarios, siendo el principal de ellos el cobre, aunque con una diversificación de productos también de origen primario (otros minerales, vinos, frutas, madera, etc.).

O sea, un modelo reprimarizado que, pese a la emergencia de nuevos productos de exportación, aún continúa teniendo como origen la explotación de fuentes primarias de riqueza, otorgándole un papel subordinado a Chile en la división internacional de la economía y, en particular, en la generación y aplicación de tecnologías y nuevas formas de producción.

A favor del argumento de Castells de diferenciar los dos modelos de desarrollo, se podría afirmar el incremento significativo de políticas sociales durante los gobiernos democráticos.

Efectivamente, durante los gobierno de la Concertación, el gasto social fue incrementado sustancialmente y además se redujeron drásticamente las cifras de pobreza y marginalidad heredadas de la dictadura. Sin embargo, esta vigorosa política social se realizó en base a una lógica de focalización del gasto público, es decir, concentrada en aquellos sectores más golpeados por el modelo económico, lo que, sin duda, permitió mejorar las cifras sociales, pero sin alterar las enormes desigualdades sociales que sitúan a Chile como uno de los países poseedores de uno de los peores índices de Gini en el mundo, ya que esta política social no vino de la mano de una recuperación de las lógicas de bienestar social ni de la arquitectura de derechos existentes en el país antes de la dictadura.

En este sentido, aunque las diferencias de políticas sociales entre el régimen autoritario y los gobiernos democráticos son notables, en la medida que responden a una lógica neoliberal de focalización de la intervención pública en vez de la ampliación de derechos universales resulta difícil considerar esta variable como un elemento lo suficientemente determinante  para establecer dos modelos diferentes de desarrollo.

Tal como ha afirmado Manuel Antonio Garretón, más bien estaríamos ante un modelo de neoliberalismo corregido y progresismo limitado que dejó una deuda democratizadora pendiente durante los gobiernos de la Concertación.

Por otro lado, hablar de dos modelos económicos en Chile no deja de ser una postura indulgente frente al neoliberalismo, pues, en la medida que se separa aguas entre dictadura y democracia, de una cierta manera se le extirpa de su pasado negativo: la traumática forma como fue impuesto durante los años 70 y así se le absuelve de su pecado de origen.

Por más democrático que haya sido su desarrollo durante los ’90, muchas de las reformas que hicieron posible una política económica de ese tipo sólo habrían sido factibles bajo condiciones excepcionales de autoritarismo, sin oposición ni capacidad para que la ciudadanía pudiese manifestarse frente a la arquitectura económica neoliberal impuesta durante la dictadura.

Ahora bien, el proceso de refundación neoliberal realizado por la dictadura contó con condiciones favorables de aplicación en el contexto global. Para el sociólogo J.N. Pieterse, fenómenos como la globalización y la regionalización superaron la anterior idea de desarrollo, así, por ejemplo, el agente convencional del desarrollo, el Estado, fue sustituido por el papel de las instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial) y por las fuerzas de mercado, generalizándose las políticas de ajuste estructural y las exigencias universales de la economía neoclásica.

El desarrollo para el neoliberalismo, en el sentido de intervención gubernamental, pasaría a ser un anatema que significa distorsión en el mercado. Ahora el objetivo central del neoliberalismo, el crecimiento económico, se alcanzaría mediante reformas estructurales, desregulación, liberalización y privatización; elementos que en su conjunto contribuirían a la reducción de las distorsiones en el mercado.

Todo proyecto de desarrollo supone una disputa sobre lo que se entiende por mejoras y por el desarrollo mismo, sin embargo el neoliberalismo en Chile fue exitoso en su intento de presentarse como inevitable e, incluso, como deseable.

En otras palabras, las recetas neoliberales en muchos lugares, incluyendo Chile, se aplicaron bajo el supuesto de que esas políticas eran el resultado natural del desencadenamiento de las fuerzas económicas y sociales y no el producto de una decisión política o, específicamente, de un proyecto particular de desarrollo que, como cualquier otro, puede ser tematizado.

Contribuyó para este fenómeno el hecho de que parte importante de los críticos de las políticas económicas de la Dictadura (por ejemplo en CIEPLAN), una vez iniciada la transición democrática, pasaron a defender las mismas orientaciones económicas, reconociendo en el mercado el principal distribuidor de recursos y atribuyéndole al Estado apenas un papel subsidiario,  privilegiando los equilibrios macroeconómicos.

Así, se separaba la crítica política de la crítica económica a la dictadura y se le reconocía su legado positivo en este último ámbito.

Básicamente la misma operación que busca actualizar Ernesto Ottone al criticar al movimiento estudiantil por sostener lo contrario. Según el ex asesor presidencial, "Chile no es una país neoliberal. Hay elementos doctrinarios que tienen esa visión, pero Chile no es un país neoliberal”.

Sin embargo, lo que los estudiantes vienen haciendo desde muchos antes del 2011 es afirmar que el modelo económico que hoy nos rige no es inevitable, ni tampoco deseable y la crisis provocada por la mercantilización de la educación sería la mejor prueba de ello.