Por un Parlamento más eficiente y eficaz

Daniel Jadue

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Hace algunos días, la derecha más conservadora de nuestro país, en su afán de demoler todo lo avanzado en el gobierno anterior, en lo que a mejoramiento de nuestra democracia se refiere, ingresó un proyecto que busca disminuir la cantidad de parlamentarios en ambas cámaras, con la excusa de ahorrar dinero fiscal y mejorar el proceso legislativo, objetivos que nadie podría dejar de compartir. 

Sin embargo, llama la atención que la fórmula que ellos proponen, no cambie en nada el proceso legislativo, de por sí, tremendamente ineficiente e ineficaz, y solo cumpla con el objetivo de ahorrar dinero fiscal, pero a costo de deteriorar la aún imperfecta democracia que hemos logrado construir y hacerla menos representativa de lo que ya es. 

Cabe recordar que el Parlamento actual, a pesar de haber cambiado significativamente, luego de la última modificación del sistema electoral impulsada por la Nueva Mayoría, sigue respondiendo, en muchos ámbitos, a los criterios de diseño de la Dictadura y contiene una serie de dispositivos que buscan distorsionar la voluntad popular, ya sea bloqueando o retardando su expresión en ambas cámaras, de manera de dificultar, al máximo posible, los cambios que las mayorías demandan. 

Este hecho constituye una de las variables que, sin lugar a duda, han ido provocando, en la mayoría de la población, una tremenda frustración y una baja sistemática en la participación y en la valoración ciudadana de nuestra democracia, puesto que sin importar quien obtenga la mayoría en el Congreso, ésta difícilmente podrá expresarse en las leyes que emanen de allí. 

De hecho, el que haya dos cámaras y que una de ellas, el Senado, esté conformada de manera que un voto de la Región de Aysén valga 42 veces más que un voto de la RM y se renueve solo por mitades y cada ocho años, no solo impide que la voluntad popular se exprese al interior del Congreso a plenitud en cada elección, sino que además retarda en, al menos, cuatro años la posibilidad de que las mayorías se manifiesten claramente en el ejercicio legislativo.  

De hecho, el Senado de la República es la institución en donde los ciudadanos somos más desiguales ante la ley, pues mientras más de 7 millones de personas elegimos 5 Senadores en la Región Metropolitana, es decir, 1 cada un millón cuatrocientos mil electores, en la Región de Aysén, poco más de cien mil compatriotas eligen tres Senadores; es decir, uno cada cerca de treinta y tres mil personas, lo que implica que un voto de un ciudadano de la Región de Aysén pesa 44 veces lo de uno de la Región Metropolitana de Santiago. 

A esto se suma el hecho cierto de que  si una ley es aprobada por los diputados y el Senado, en uso de sus atribuciones y potestades, le cambia un solo punto, debe pasar por una Comisión Mixta para volver a ambas cámaras, a recibir la aprobación final, sin contar con que cada cámara le da a su quehacer las prioridades que la mesa de la misma tiene. Y si ambas mesas poseen intereses o posiciones distintas, puede pasar lo que con muchos proyectos que duermen eternamente en el Congreso, sin importar lo relevante que sea para la sociedad. 

Si a esto le sumamos los quórums calificados que hacen aún más difícil la aprobación de leyes que pueden llegar a tener el apoyo de hasta el 60% del parlamento, pudiendo ser bloqueadas por el 40% restante, es fácil llegar a la conclusión de que requerimos transformaciones de fondo que solo podrán darse con una nueva constitución. 

En este contexto, la propuesta que la derecha plantea solo busca volver a subir las barreras de entrada al Congreso Nacional, eliminando la posibilidad de que partidos con menor porcentaje logren escaños, lo que le restará representatividad al parlamento, dejando solo con representación a los partidos más grandes, como era en el Binominal, que imponía una barrera de entrada de un 33% al ingreso al parlamento, sobre representando además a los que superen la barrera de entrada con los porcentajes de quienes no lo hagan. 

Esto obligaría nuevamente a los partidos menores a pactar y a subordinarse a los grandes, lo que evidentemente resta riqueza a la discusión parlamentaria y excluye de la misma a sectores importantes de la población. 

En definitiva lo que la extrema derecha desea, es volver a hacer más difícil todavía que la voluntad popular se exprese en el debate parlamentario, para seguir bloqueando, a toda costa, las transformaciones que las mayorías del país demandan. 

Ahora bien, si de verdad quisiéramos hacer más eficiente y eficaz el proceso legislativo, objetivos que reitero nadie puede dejar de compartir, debiéramos enfocarnos en cambios que permitieran que el proceso legislativo se desarrollara con la mayor representatividad posible, con la menor cantidad de recursos posibles, pero al mismo tiempo en el menor tiempo posible, de tal manera que la voluntad popular pudiera expresarse oportuna y fielmente. 

Por lo mismo, si se quiere disminuir la inversión en nuestra democracia mejorando su calidad, lo que podríamos probar es eliminar la Segunda Cámara, de tal manera que el proceso legislativo no contemple ni asimetrías tan grandes en la representatividad de los escaños, ni cocinas, ni vueltas innecesarias. Esto le significaría al estado un ahorro de más de 379 millones anuales por cada senador, es decir, $ 18.950.000.000. Los tiempos legislativos se acortarían significativamente y la representatividad del parlamento sería mucho mayor y más pareja. 

Adicionalmente, se podría estudiar una rebaja de la dieta Parlamentaria, como la que han propuesto algunos sectores políticos, de manera tal que no pudiera ser más de 20 veces el salario mínimo, lo que significaría un ahorro también significativo. 

Todos estos cambios, por supuesto, no pueden ser abordados por los incumbentes y, por lo mismo, aparece como lo más lógico que esta discusión pudiera darse en un Asamblea Constituyente que pudiera por fin construir un Contrato Social para nuestro país que avanzara lo más posible en hacernos iguales, en este y en otros temas pendientes, ante la ley.