Isapres y el negocio con la vida, la justicia que llega tarde no es justicia
"Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia que llega tarde". Con esas palabras, Pablo despidió a su madre, María Inés Bonvin Espinoza, quien murió el 23 de agosto de 2024 esperando un medicamento que su isapre, Cruz Blanca, le negó de manera sistemática. Un año después de su fallecimiento, la Corte de Apelaciones dictó un fallo ordenando a la aseguradora cubrir el tratamiento. La sentencia, aunque justa en lo formal, es un monumento a la crueldad del sistema de salud neoliberal: reconoce un derecho cuando la paciente ya no existe para ejercerlo.
María Inés, diagnosticada con cáncer de mama en etapa cuatro, requería el medicamento Everolimus, recetado por su oncólogo y avalado incluso por especialistas de la Clínica Bupa, prestador de la propia isapre. Pero Cruz Blanca se negó a cubrirlo con el argumento de que se trataba de un medicamento "off-label", es decir, indicado para un uso no especificado en la etiqueta original. Una práctica común en tratamientos oncológicos según la Asociación Americana del Cáncer, pero que en el Chile de las isapres, esas mismas que hace poco nuestro Congreso Nacional salió a salvar de la quiebra, se transforma en excusa para negar cobertura y ahorrar costos.
El precio del medicamento era cercano a 500 mil pesos mensuales, un monto imposible de sostener para la mayoría de las familias trabajadoras. Ante la solicitud de cobertura, la isapre ofreció costear solo el Fulvestrant, otro fármaco recetado, con un valor similar. No importaba la opinión del equipo médico ni la urgencia vital de la paciente: lo que primó fue el criterio administrativo y financiero de la aseguradora.
El resultado fue trágico. Sin acceso al tratamiento completo, María Inés falleció menos de tres meses después de la prescripción del medicamento. La sentencia judicial que hoy ordena a Cruz Blanca cubrir el Everolimus no repara la pérdida ni devuelve el tiempo. Solo exhibe con crudeza cómo el modelo privatizado de salud en Chile convierte la vida en una variable de negocio, donde las ganancias corporativas están por encima de la dignidad humana.
Este caso no es excepcional, es estructural. Miles de familias enfrentan la misma arbitrariedad, atrapadas entre programas GES incompletos, exclusiones arbitrarias del ISP y aseguradoras que hacen del "rechazo" una política sistemática. La lógica del Estado subsidiario, heredada de la dictadura, sigue vigente: el derecho a la salud no está garantizado, solo se concede como mercancía a quien puede pagar o resistir una batalla judicial interminable.
El fallo de la Corte es una confirmación amarga: la justicia burguesa reconoce el abuso, pero nunca lo previene; actúa tarde, cuando ya no hay vida que salvar. El caso de María Inés desnuda la urgencia de una transformación radical: terminar con las isapres y construir un sistema público, universal y solidario de salud, donde la vida esté por encima del lucro. Hasta entonces, la "justicia" seguirá llegando tarde, y la muerte seguirá siendo el precio que paga el pueblo por sostener el negocio de unos pocos.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado