Primero lo urgente: las sociedades que llegan tarde a su propia transformación
El 30 de septiembre, al presentar el proyecto de ley de Presupuestos 2027, el Presidente José Antonio Kast resumió su criterio en una frase: "Primero lo urgente, después lo demás y nunca gastar más de lo que se tiene". El proyecto aumenta algunas partidas y reduce otras, y los recortes siguen un patrón. El Ministerio de Ciencia baja 6,4%. Fondequip, que financia la renovación del equipamiento científico, cae 78,7% y no abriría concursos en 2027. Fondef, que conecta la investigación aplicada con empresas y servicios públicos, pierde alrededor de 17%. También disminuyen el aporte institucional a las universidades estatales y los recursos para cultura y gobiernos regionales. Estas cifras abren una pregunta que va más allá de lo fiscal: ¿Qué capacidades estamos dispuestos a sostener cuando el futuro se ve como amenaza?
Más que la consigna, me interesa la concepción del tiempo que expresa. Hace casi 60 años, Niklas Luhmann mostró que, cuando el tiempo escasea, lo que tiene plazo se vuelve prioritario. Las urgencias llegan con fecha; muchas de las capacidades más importantes de una sociedad, no. La investigación, la formación avanzada, la deliberación pública y la construcción de instituciones necesitan continuidad y rara vez rinden dentro de un ciclo presupuestario. Por eso se postergan, hasta que sus consecuencias vuelven como problemas que ya no admiten espera. Y no se trata solo de mirar hacia adelante: importa quién define qué es urgente, qué intereses tienen voz y qué instituciones permiten que los riesgos futuros entren en la discusión presente. Anticipar es reconocer señales, identificar vulnerabilidades y conservar alternativas para cuando cambien las condiciones.
La Revolución Industrial muestra lo que está en juego. En Gran Bretaña, entre 1780 y 1840, la producción por trabajador creció 46% y los salarios reales apenas 12%, según el historiador Robert C. Allen. El aumento de la productividad convivió con jornadas extenuantes, trabajo infantil y ciudades insalubres. Karl Polanyi leyó las respuestas que vinieron después (leyes fabriles, organización obrera, protección social) como un movimiento de la sociedad para protegerse del mercado. No fue una historia en que nadie vio venir el daño. Fue una disputa larga sobre quién recibía los beneficios, quién pagaba los costos y qué instituciones podían ponerles límites.
Chile conoce otra cara de esa historia. A comienzos del siglo XX, el salitre sostenía las exportaciones y aportaba cerca de la mitad de los ingresos fiscales. En 1913 comenzó a operar en Oppau, Alemania, la primera planta industrial de síntesis de amoníaco, fruto del proceso Haber-Bosch y de la colaboración entre universidad e industria química. La industria salitrera sufrió una crisis profunda entre 1919 y 1922, y la Gran Depresión terminó de derrumbar sus exportaciones y su empleo. Se combinaron cambios tecnológicos, comerciales y económicos. Pero la pregunta decisiva es cuánto control tenía Chile sobre las condiciones que definían el valor de lo que producía. Estábamos integrados a la economía mundial, con escasa capacidad para incidir en la transformación que afectaba a nuestra principal exportación. La riqueza del recurso no aseguraba autonomía para decidir el futuro.
Desde la Cepal, Raúl Prebisch describió esa posición como la de una periferia, en un sistema internacional estructurado por asimetrías con el centro. Su pregunta puede llevarse más lejos. La dependencia no se reduce a vender materias primas y comprar productos más complejos: se reproduce también cuando una sociedad carece de capacidades para comprender, evaluar y modificar las condiciones de su inserción en el mundo. Superar esa dependencia de observación no exige producir todo el conocimiento ni toda la tecnología que usamos, pero si contar con capacidades propias para interpretar los cambios, adaptar tecnologías, discutir sus consecuencias y participar en las decisiones que los configuran.
Hoy enfrentamos transformaciones simultáneas. La Organización Internacional del Trabajo estima que una de cada cuatro personas trabajadoras en el mundo se desempeña en ocupaciones con algún grado de vulnerabilidad frente a la IA. En Chile, el desempleo llegó a 9,6% en el trimestre junio-agosto, la cifra más alta en cinco años. El país envejece (el Censo 2024 registra 79 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15) y enfrenta complejas condiciones climáticas que acrecientan su vulnerabilidad. Estas tendencias se entrelazan: el clima extremo tensiona la salud y los cuidados, los cambios en el trabajo afectan la protección social y la infraestructura digital demanda energía y agua en territorios ya desiguales. Es lo que se ha llamado policrisis, crisis conectadas sin una causa común, donde lo que se resuelve en un ámbito puede desplazar costos hacia otro. Enfrentarla exige conocimientos diversos, deliberación y capacidad para revisar las decisiones.
El mapa de la dependencia también cambia. Según la Unctad, 100 empresas, principalmente de Estados Unidos y China, concentran el 40% de la inversión empresarial mundial en investigación y desarrollo. Chile invierte 0,41% de su PIB en I+D, frente a un promedio de la OCDE cercano a 2,7%. Y vuelve a ocupar un lugar estratégico, como proveedor de litio y energías renovables para la transición energética y como territorio para centros de datos que consumen energía y agua. Son oportunidades, pero por sí solas no nos acercan al desarrollo. Un país puede acceder a tecnologías avanzadas y seguir dependiendo de decisiones tomadas en otra parte, o producir investigación que no incide en sus políticas ni en su desarrollo productivo. La autonomía consiste en conservar la capacidad de comprender, evaluar, adaptar y gobernar aquello de lo que dependemos.
Universidades, laboratorios, cultura y capacidades territoriales forman una infraestructura distribuida desde la cual la sociedad se observa y discute sus opciones, siempre que tengan continuidad, pluralidad, independencia y vínculo con los problemas públicos. Las ciencias naturales y la ingeniería permiten desarrollar y evaluar alternativas tecnológicas; las ciencias sociales y las humanidades, ver conflictos, efectos distributivos y supuestos que quedan fuera de las métricas dominantes. Esa diversidad no es un adorno de la innovación, porque qué investigar, qué medir y qué consecuencias considerar nunca son decisiones neutrales. Cuando estas capacidades se debilitan, se estrechan los espacios desde los cuales una sociedad discute sus problemas y decide su futuro. Por eso la dependencia es también política: existe cuando otros tienen más capacidad para producir las categorías, la evidencia y las infraestructuras con las que se organiza el mundo común.
Se dirá que no hay espacio fiscal. La responsabilidad fiscal importa. Pero no invertir también tiene costos, solo que aparecen después y los pagan otras personas. El Fondo Monetario Internacional estimó en 2024 que una combinación bien diseñada de apoyo público a la investigación puede elevar el PIB de largo plazo entre tres y cuatro dólares por cada dólar de costo fiscal. No es una garantía, pero obliga a evaluar el gasto por las capacidades que construye o deja desaparecer. Un laboratorio que no se renueva, un equipo que se desarma o una investigadora joven que se va no se logra recuperar en años.
El Congreso tiene hasta fines de noviembre para despachar el presupuesto. Hay margen para revisar prioridades, y la discusión de fondo excede el monto del gasto: se trata de qué capacidades quiere preservar el país para comprender y orientar las transformaciones en marcha. Primero lo urgente, sin duda. Pero las sociedades no llegan tarde solo por no prever lo que viene. También llegan tarde cuando, aun viéndolo, no tienen cómo intervenir. La historia del salitre nos recuerda que una sociedad que no produce conocimiento sobre su propio destino termina dependiendo de quienes sí lo hacen. La pregunta, entonces, es qué capacidad queremos conservar hoy para poder decidir mañana.