¿Quién gobierna a las policías?

Diversos estudios especializados coinciden en señalar que, en muchos aspectos, las policías chilenas están entre las más profesionales de América Latina. Sin embargo, durante las manifestaciones del 1º de mayo, la acción policial para mantener el control del orden público reiteró la existencia de problemas no resueltos, respecto del uso de la fuerza. Al menos, no resueltos desde la perspectiva de principios democráticos y de estándares internacionales en la materia.

A diferencia de lo que ocurría en la década de los 80, en la actualidad se dispone de miles de testimonios gráficos sobre lo que realmente ocurre en las marchas.Y las imágenes no mienten.

La pregunta, entonces, es ¿ha cambiado el uso de la fuerza policial, desde la dictadura hasta ahora?Respecto del control del orden público, pareciera que no mucho.Preguntar, entonces, quien regula el uso de la fuerza policial, equivale a preguntar quién gobierna a las policías y cuan profesional es ese gobierno.

Se trata de un interrogante que revela una doble preocupación, por un lado, cómo se controla el orden público sin violar los derechos humanos y, por otro, cómo se hace para resguardar la integridad de los policías. Esto, en el marco de una abrumadora mayoría que desea manifestarse dentro del marco de la ley y de una evidente minoría que no pretende manifestar nada, sino agredir a quien se le ponga por delante.

En este contexto, los métodos de la policía no solo deben ser eficientes para lograr que se respete la ley, sino que deben encuadrarse dentro de la ley.

Por eso es que los disparos a la muchedumbre, realizados tras la ventana de un edificio policial en Plaza Brasil, constituyen un hecho que recuerda los peores momentos de la dictadura.

Asimismo, las cargas y apaleos indiscriminados no solo evocan la represión de las llamadas “protestas sociales”, entre 1983 y 1989, sino que revelan una política ineficiente en el uso de la fuerza, entre otras cosas, porque no aportan al control del orden público desde una perspectiva democrática y constituyen, ciertamente, violaciones del derecho a la seguridad e integridad.

Al respecto, baste preguntarse dónde están, en una carga o apaleo indiscriminado, como diseño táctico, los estándares de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, por citar solo algunos.

Por otro lado, ¿quién y con qué criterio define la estrategia que permite que un carabinero quede a merced de la violencia delictiva de algunos manifestantes? (precisamente, aquellos a los que sólo interesa agredir a quien se le ponga por delante).

¿No hay definiciones estratégicas y tácticas de cómo deben desplegarse las fuerzas policiales para que no ocurra esto?

No es primera vez que un carabinero queda librado a su suerte en medio de una manifestación y eso tampoco es admisible. La discusión sobre cómo debe organizarse y regularse el uso de la fuerza, debe contemplar también la protección de los policías.

Ambas situaciones hablan de la necesidad de una discusión pública y transparente sobre el control del orden público, sobre quien, por qué y cómo se toman las decisiones.

Y sobre todo, hablan de la necesidad de responsabilidad (accountability) por esas decisiones. El uso de la fuerza debe estar sujeto a transparencia y control, puesto que el manejo del orden público no es una pelea entre dos bandos que se disputan la calle.

La profesionalización del uso de la fuerza no solo debe preocupar a las policías, sino principalmente al poder civil, porque es éste quien gobierna el país.El uso legítimo de la fuerza implica, sobre todo, responsabilidad y transparencia. En democracia, eso significa erradicar la clandestinidad en el uso de la fuerza.

¿Con qué nos quedamos, entonces, después de este 1º de mayo? Por una parte, la persecución penal contra manifestantes, encapuchados o no, que cometen delitos durante una marcha, aparece como una respuesta necesaria.

Por otra, corresponde preguntarse por la reacción institucional y/o gubernamental por los disparos en Plaza Brasil, ya que el uso legítimo de la fuerza es un recurso para la defensa del estado de derecho, no compete en forma privativa a ninguna institución en particular.

Quisiera creer que no hemos asumido, como una práctica propia de nuestra democracia, que en cada marcha seguiremos siendo testigos de apaleos indiscriminados, disparos clandestinos y carabineros agredidos. El Poder Civil, así con mayúscula, tiene la obligación de ponerle el cascabel al gato.