¿Quién quema los camiones?

El fracaso no sólo policial, que por cierto lo es, sino que del Estado en su conjunto, en el esclarecimiento, ubicación, procesamiento y sanción de los autores y responsables de las acciones incendiarias que destruyen decenas de camiones de alto tonelaje en la llamada “macro zona” de las regiones del Bío- Bío, la Araucanía y los Ríos, ha desembocado en un gravísimo conflicto institucional, cuyo centro nervioso son el Ministerio Público y Carabineros.

La hipótesis “oficial”, mejor dicho, aquella mediáticamente dominante hasta hace pocos días, apuntaba a la responsabilidad de las organizaciones mapuche más radicalizadas, más a la izquierda o de calificativos semejantes; sin embargo, el tan bullado como penoso naufragio de la investigación policial llamada en forma tan grandilocuente “operación huracán”, viene a dejar la situación en tierra de nadie.

Los hechos se han ido configurando paso a paso, de manera incontenible.

La Fiscalía denuncia y luego imputa a personal de Carabineros la implantación de pruebas falsas en los celulares de los dirigentes mapuche acusados, de inmediato se precipita la confrontación a través de una durísima réplica de Carabineros, pero las revelaciones y/o filtraciones van indicando que hubo funcionarios en el sector de Inteligencia de la institución que manipularon la indagación dada a la Fiscalía.

El Ministerio Público confirma presunciones y señala imputados. Los hechos hablan por sí solos. Finalmente, el Director General de la policía uniformada pasa a retiro a un General y a dos oficiales superiores, así como a un funcionario civil que aparecen directamente involucrados. La espectacular “operación huracán” queda sin base de sustentación.

Es decir, los imputados mapuche quedan sobreseídos en los hechos, tanto del punto de vista jurídico como práctico, en forma totalmente separada e independiente de lo que diga o haga la autoridad ejecutiva que hasta la fecha los responsabiliza de los hechos y respaldados por la decisión del Tribunal acusan al Estado de un “montaje”.

Entonces, ¿quién quema los camiones?

¿Qué intereses están detrás?

¿Quienes realmente son y cual es su verdadero propósito?

¿Sólo se trata de fines de alcance inmediato o hay una meta a largo plazo tendiente a dañar la estabilidad democrática del país?

De allí que la pregunta sea ineludible, ¿cómo es posible que el Estado no tenga una hipótesis que lo guíe ante estos hechos tan alarmantes?

El punto muerto de las investigaciones sobre la materia se constituye en un fracaso desde el punto de vista del profesionalismo y la capacidad institucional del trabajo policial y en una grave derrota del Estado de Derecho, que no logra detener las actos incendiarios ni castigar a sus autores, y tampoco avanzar en el restablecimiento de la seguridad en la Región, afectando al país en su conjunto.

En este cuadro, es en el que aparecen estos oficiales de Inteligencia, queriendo resolver ellos quién es y quién no es culpable.

Esta licencia propia de una distorsión en estos servicios, en que se dan aquellos que se creen con tanta autoridad de facto como el legendario James Bond, se ha convertido en el símbolo de una situación completamente lamentable e inaceptable.

Es urgente e imperioso la acción de la autoridad civil para corregir los indebidos márgenes de autonomía que se han creado en este ámbito, los que han llevado la Inteligencia policial al absurdo, lesionando gravemente el propio ejercicio de la labor de Carabineros, la fe pública, los derechos de las personas, el prestigio del país, así como el funcionamiento del Estado de Derecho.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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