"¡Estás despedido!" era la famosa frase de Donald Trump en el reality show "El Aprendiz", que se emitió de 2004 a 2017, en el que un grupo de empresarios competía por 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de las empresas de Trump. Con esta frase el ahora presidente de Estados Unidos despedía al participante eliminado de la semana, sin mayores explicaciones ni rodeos. En la vida real, sin embargo, probablemente ningún trabajador aceptaría ser desvinculado sin motivo y sin explicación.
Sin ir más lejos, el Código del Trabajo de nuestro país establece causales específicas por las cuales un trabajador puede ser despedido y las justificaciones necesarias que deben entregarse. Si bien es cierto que los trabajadores públicos no se rigen por esta normativa, sino por el Estatuto Administrativo, esto no significa que no sean sujetos de derechos laborales.
El lunes despachamos de la Comisión de Hacienda, después de largo debate, el proyecto de reajuste del sector público, logrado en acuerdo con los trabajadores públicos. Particularmente, el articulado mal llamado "amarre" no busca otra cosa que equiparar la normativa de los trabajadores privados a los trabajadores públicos. En ningún caso impide, por ejemplo, el despido de trabajadores. Sino que simplemente establece que debe entregarse una justificación razonable, ¿realmente es tanto pedir?
Tampoco se trata, como se ha querido establecer, de asesores políticos o cargos de confianza, sobre los cuales el Gobierno ya ha mandatado a entregar su renuncia a contar del 10 de marzo. Estos serían cerca de 2.500 cargos que el Presidente electo tendrá disponibles para nombrar, quienes a su vez podrán asumir con sus asesores, los cuales corresponden a unos 8.000 puestos más. Esta cifra está muy lejos de los más de 300.000 trabajadores a contrata y honorarios que serían objeto de la supuesta normativa de "amarre".
Si el Presidente electo lo que desea es desmantelar el Estado y prescindir de más de 300.000 trabajadores, entonces lo mínimo que pueden hacer es transparentarlo, ser honesto en ello y darle una explicación razonable a trabajadores que prestan servicios al Estado y que hacen que éste funcione. José Kast y sus diputados, sin embargo, parecen dejar de lado la responsabilidad política e institucional y más bien estar cediendo a la doctrina de los realities, que en Estados Unidos llevó a un empresario y figura de tv a la presidencia, manteniendo los mismos códigos y las mismas conductas del show a la política, lo que ha demostrado ser desastroso para su país.
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