En días recientes hubo reiteradas alusiones en medios de prensa al caso de dos concejalas de derecha electas que renunciaron a esos puestos municipales para convertirse en candidatas a diputadas; a la decisión de la ministra Claudia Pascual y el ministro Marcos Barraza, ambos de militancia comunista, de continuar en el equipo ministerial de Michelle Bachele desechando convertirse en candidatos al Parlamento; a la salida del Gabinete de dos ministras (Ximena Rincón y Natalia Riffo) y un ministro (Marcelo Díaz) porque tendrían pretensiones de ser aspirantes al Congreso en las elecciones del 2017 y a la renuncia de José Miguel Insulza como parte del equipo chileno a cargo del proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional de La Haya por el litigio con Bolivia, con tal de ser precandidato presidencial.
Ese tipo de situaciones no es nueva. Hay una lista de parlamentarios que pasaron a ser ministros, de ministros que abandonaron su cargo para aspirar al Congreso, autoridades municipales que desecharon sus tareas para buscar otras. El enroque en los puestos o aspiraciones/ambiciones no es asunto nuevo, incluso a costa de hacer caso omiso al voto ciudadano que depositó una confianza, o abandonar las responsabilidades en un gobierno.
Frente a los recientes casos, aparecieron tenues críticas, indicando que por aquí se podría abrir otro debate cuando se discuta sobre la calidad de la democracia, la superación del descrédito de la política y el prestigio de la función pública.
Las dos concejalas (una de la Unión Demócrata Independiente y la otra de Renovación Nacional) no tenían ni un mes de ser electas y estaban a semanas de asumir el puesto de elección popular, cuando renunciaron, dando la espalda a sus votantes y dejando en el asiento a personas que tuvieron alrededor de mil votos menos que ellas. Ambas fueron instadas a eso por dirigentes de sus partidos para que postulen al Congreso.
El vocero de gobierno se va en medio de una situación difícil de la administración porque quiere ser presidente de su partido o candidato a senador. La ahora ex ministra del Trabajo se invisibiliza, se ausenta de sus funciones, en medio de una dramática y tensa situación en su sector, instalando la especulación de que “no quiso quemarse” porque anda en trotes de candidatura.
Insulza, que debería estar concentrado en las sensibles y complejas tareas en el diferendo de La Haya, completó en cambio, varios meses metido en incertidumbres y polémicas de una candidatura presidencial, para finalmente dejar la labor diplomática y seguir en los avatares de la coyuntura política.
Todo eso enrarece las cosas, sobre todo ante el electorado y la opinión pública que no termina de comprender este juego de tronos, cambalaches de cargos, dejación de puestos.
Quizá haya que mirar legislaturas o normas de otras naciones. O entrar en un proceso de reflexión y toma de decisiones con argumentos e ideas locales.
Pero no parece aventurado -aunque quizá osado- pensar que en Chile se materialice una disposición en cuanto a que quienes asumen un cargo de elección popular no puedan abandonarlo para ocupar puestos ministeriales, gubernamentales, de tipo similar, y menos gerencial o directivo en el sector privado. Y en cuanto a que quienes asuman un cargo ministerial o de alta responsabilidad en el Estado, deban estar impedidos de renunciar para aspirar a candidaturas, meterse en procesos electorales o para irse a posiciones directivas en el sector privado.
Como paréntesis, crear una norma para los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que dada su función, deberían estar sometidos a ciertas restricciones y no que de la noche a la mañana sean candidatos al Parlamento, asuman puestos directivos e incluso en entidades como el Servicio Electoral.
Aquello sanearía la práctica política y la responsabilidad de la función pública. Metería de cabeza a parlamentarios, alcaldes, concejales y ministros en sus tareas y gestiones. No habría pensamientos para otras cosas. Se contribuiría a enaltecer el trabajo de servicio público y gubernamental y respetar la voluntad popular.
Es bueno pensar en hacer desaparecer los fantasmas de opciones electorales o aspiraciones particulares tratándose de parlamentarios, ministros o autoridades municipales.
En este marco, se produjo la decisión de la ministra Claudia Pascual y el ministro Marcos Barraza, los dos del Partido Comunista, en cuanto a seguir en sus cargos y no tentarse y no partir a tomar posiciones en candidaturas al Congreso. En algún sentido fue un golpe a la cátedra y marcó otra manera de ver el ejercicio público y las prácticas en política, algo que pasó un tanto desapercibido. Ambos sentaron un precedente.
Probablemente este vaya a ser, sino desde ahora, tema de análisis o ponderación a la hora de hablar de ejercicio responsable de la política, de recuperar confianzas en las prácticas políticas y de mejorar la percepción en cuanto al ejercicio parlamentario y gubernamental.
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