Siempre hemos actuado de buena fe

Daniel Jadue

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En octubre de 2015 lanzamos en Recoleta la primera farmacia popular de Chile. Fue el inicio de una las políticas públicas, impulsada desde una municipalidad, más exitosas del último tiempo. Sería también el inicio de una seguidilla de acusaciones y acciones judiciales de quienes vieron en esta iniciativa un peligro para sus oscuros intereses.

A casi nueve años de esa maravillosa iniciativa, replicada hasta ahora por varias municipalidades de distintos colores políticos, me encuentro ante un infame intento de enlodar mi imagen con una serie de acusaciones que distan abismantemente de la realidad. Sin embargo, y como siempre, estoy disponible para batallar para demostrar nuevamente mi total y absoluta inocencia de los cargos que se me imputarán.

Más allá de este momento, es irrefutable que nuestro accionar, siempre apegado a la ley, tiene representación en las miles y miles de personas que han sido testigos de nuestra gestión, tanto como destinatarios directos como indirectos de cada una de las políticas públicas que en 12 años hemos desarrollado con la convicción de estar permanentemente corriendo el cerco de lo posible en beneficio del pueblo.

Cabe destacar que la Farmacia Popular nacida en Recoleta fue producto, antes que nada, de la demanda ciudadana por acceder de manera oportuna y a precio justo a tratamientos de salud, puesto que el oligopolio existente en nuestro país obligaba a muchas personas a elegir entre un tratamiento médico o atender otras necesidades vitales del día a día. Fue tan exitosa dicha política que decenas de municipios de todo el país decidieron replicar la iniciativa, llevándola en pocos meses a transformarse en una política pública de escala nacional.

Su mismo éxito llevo a que más de decenas de alcaldes y alcaldesas, reunidos en Recoleta, decidieran conformar la Asociación de Municipios con Farmacias Populares (Achifarp), para potenciar aún más el proyecto en cuestión. Hoy no cabe duda que algunas y algunos colegas sólo lo hicieron para tener réditos políticos de corto plazo y asegurar así su reelección.

Durante la pandemia de Covid-19 intentamos, por todos los medios posibles, salvar vidas y apegados a la ley que en estado de excepción se permite. Hubo que saltarse algunos procedimientos administrativos en virtud de la emergencia, desarrollamos acciones tendientes a cumplir con el mandato de proteger a todas y todos los vecinos de la comuna y cada decisión tomada. Cada acción desarrollada siempre la hicimos de buena fe y poniendo al centro de todo la vida humana.

Al mismo tiempo, los efectos de la pandemia sobre el mercado hicieron que numerosas empresas quebrarán y la Achifarp no se salvó de aquello, siendo víctima de quienes -en medio de la crisis sanitaria- pretendieron enriquecerse a costa de la salud y la vida de las personas. En la quiebra de Achifarp tuvo un rol fundamental la pandemia, pero también la desidia de más de 70% de sus socios (municipalidades), que dejaron de cumplir sus compromisos, generando una deuda por cobrar de más de 1.500 millones de pesos con los cuales de sobra habríamos cubierto todas las obligaciones.

Y hoy, después de que muchos corrían para salir en la foto y disfrutar de los beneficios del proyecto brillan por su ausencia y, por su parte, el Ministerio Público -fuertemente politizado- ha buscado personalizar en mí las responsabilidades colectivas de quienes formaron parte y asumieron la conducción del proyecto.

No obstante lo anterior, lo notable es que la carpeta investigativa acredita que no existe ningún peso que haya llegado a mi persona y tampoco a ningún funcionario municipal, pero igualmente la Fiscalía ha construido teorías conspirativas para transformar acciones y decisiones -tendientes a salvar vidas- en intentos defraudatorios al erario municipal.

Es probable que haya habido malas decisiones en tiempos de pandemia, no niego aquello. De hecho, nadie duda por ejemplo que la pérdida de millones de vacunas en los últimos años por su vencimiento puede constituir ser un error, y al mismo tiempo, supongo que nadie imagina, como lo hace Fiscalía en nuestro caso, que haberlas comprado sea un fraude al Fisco y busquen con ello destruir la imagen de los responsables.

Por otra parte, llama profundamente la atención la demora excesiva de la investigación y que justo a meses de la próxima elección se tome la decisión de formalizarme, luego de casi tres años de constantes filtraciones que han alimentado, desde las instituciones que llevan la investigación, una campaña de desprestigio, liderada por los medios hegemónicos.

No puedo dejar de plantear las dudas que provoca que las acusaciones de cohecho sean emitidas por los mismos que pidieron la quiebra de Achifarp, luego de negarse a múltiples propuestas de pago. No puedo dejar de plantear el hecho de que haya financistas privados que, mediante préstamos irregulares, hayan financiado el juicio con tal de dañar una precandidatura presidencial tremendamente molesta para los poderes fácticos de este país.

En la carpeta no existe ningún hecho positivo que me ligue a delito alguno, porque mis actuaciones han estado siempre apegadas a la ley y así lo demostraré a lo largo de este, a esta altura discutible, proceso investigativo. Es a lo menos dudoso que quienes me acusan estén involucrados directa o indirectamente al caso Hermosilla y que las redes de corrupción y de cooptación del aparato del Estado que han quedado al descubierto en las últimas semanas, añadidas a los diversos vicios procesales existentes en este largo y tortuoso proceso, le ponen un (no poco despreciable) manto de duda al mismo y a varios de quienes lo han liderado durante casi tres años.

Las investigaciones, sin duda, deben seguir su curso, los tribunales juzgar en virtud de los antecedentes que se les presenten, pero por ahora, no queda más que la suspicacia de que pareciese no ser accidental que los dardos se estén dirigiendo a una persona en particular, sólo por el rol que debí asumir al mando de una instancia colectiva que buscaba mejorar el acceso a insumos de salud en todo Chile.