Terminemos con injustas distinciones, no más obreros

Juan Morano

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Mientras más avancemos hacia un país inclusivo, justo y sin discriminaciones, mucho mejor, casi requisito para avanzar en paz social. De allí la relevancia de la iniciativa que presentamos y que se encuentra en trámite - respaldada en Cuenta Pública por la Presidenta Bachelet - y que busca terminar con la distinción entre empleados y obreros.

Esta difrencia se basa principalmente en la preeminencia del esfuerzo intelectual o del esfuerzo físico, diferencia que existió en nuestra legislación, para efectos laborales, hasta el año 1978. Sin embargo, para efectos previsionales subsiste hasta hoy, encontrándose actualmente en el Código del Trabajo, por lo que bajo la legislación actual, si el afectado es “empleado”, por disposición legal éste tiene la libertad de acceder a toda la red de prestadores con las que cuenta el sistema, tanto público como privado.

Sin embargo, si el afectado es un “obrero”, éstos no pueden acceder libremente a la red asistencial, quedando la atención limitada a los establecimientos pertenecientes a los Servicios de Salud, disminuyendo con ello la posibilidad de atención oportuna cuando la requiera.

La diferencia que hace la ley entre un trabajador y un obrero es un acto discriminatorio, ya que dependerá de la calidad del trabajador su derivación a un centro de salud privado o público, y no en atención a la gravedad del accidente o la efectividad de su rehabilitación, vulnerándose de esta forma el principio de igualdad que establece nuestra carta fundamental respectos a todos los habitantes de la nación.

Motivo de lo anterior, es que en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se encuentra discutiendo un proyecto de ley de mi autoría, que busca terminar con esta discriminación arbitraria, para que así todos los trabajadores puedan acceder libremente a la red asistencial pública o privada, sin distinción, ya que ésta limitante resulta ser caprichosa, porque sólo mira a cierto grupo de trabajadores restringiendo la posibilidad de acceder a cualquier otro prestador por ser considerados “obreros”.

Esta situación ha llevado incluso a que muchas de las enfermedades mal atendidas queden crónicas, generando una incapacidad permanente, con todo el impacto social que esta realidad implica.

Finalmente, quiero valorar y agradecer la disposición del Ejecutivo, en especial de S.E. la Presidenta Michelle Bachelet, quien no sólo decidió patrocinar el proyecto, sino además se refirió a el en su reciente cuenta pública, poniendo énfasis en los cerca de 350 mil trabajadores de todo el país que se verán beneficiados.

Sin duda vamos en la línea adecuada, y espero que durante el mes de junio estemos en condiciones de conocer el conjunto de indicaciones sustitutivas, donde se abrirá un espacio de consulta a distintos actores para enriquecer la mirada y así poder despachar el proyecto a la Cámara para que sea sometido a su votación.