Una reactivación verde y pro inversión con altura de miras
Hoy una Comisión Mixta de senadores y diputados se pronunciará respecto de cuáles son los criterios que debe contemplar la ley para evaluar ambientalmente (o no) los proyectos de centrales generadoras de energía.
El Gobierno de Piñera propuso este año modificar la Ley Ambiental actual, que indica que las centrales de energía que generan más de 3 Mega Watts de potencia deberán evaluarse ambientalmente.
Proponían en su momento dejar toda la regulación ambiental de esta materia en un reglamento fácilmente modificable que dependa de los intereses del gobierno de turno.
Todos entendemos la necesidad de una reactivación económica y la importancia de atraer las inversiones. Pero esto no puede ser a costa del medio ambiente y las comunidades.
Por ello, en su momento, el Senado acordó con el ministerio de Economía mantener la Ley Ambiental tal como está hoy y permitir que el Reglamento de la ley únicamente regule las pequeñas centrales, de capacidad menor a 3 MW, teniendo en cuenta ciertos criterios, como si la energía era renovable o no renovable.
Con todo, la semana pasada el Gobierno indicó que tuvieron una descoordinación interna por la cual no se habría escuchado al subsecretario de Energía, quien afirmó que el texto que ellos mismos acordaron con el Senado en su momento en enero “podría afectar a la generación distribuida, los sistemas de respaldo de hospitales y los proyectos de generación comunitaria”.
Esta afirmación es imprecisa e injusta, por cuanto el mismo texto acordado en Senado respecto de la evaluación de las centrales de energía deja en manos del Gobierno los criterios finales por los cuales se evaluarán o no los pequeños sistemas de generación.
En otras palabras, es decisión del propio Gobierno qué ocurriría con los sistemas de respaldo de los hospitales, por lo que no se puede endosar al Senado la responsabilidad de cómo se regularán estos sistemas, siendo que el mismo Ejecutivo propuso regular los pequeños sistemas de generación de energía.
Pero, ¿por qué insistimos tanto como parlamentarios de oposición en mantener los criterios legales actuales para evaluar ambientalmente las centrales de energía?
Estamos en esta cruzada, porque creemos que Chile, en el marco de un recambio de su matriz energética en base a carbón hacia formas de generación de energía más sustentables, requiere una discusión de una política pública ambiental y energética de alto nivel, en que se discuta cuáles serán los impactos ambientales y territoriales que el país estará dispuesto a asumir y evaluar en el marco del auge de las energías renovables.
Esta discusión de política pública ambiental debe iniciarse por un proyecto de Ley del ministerio de Medio Ambiente, no como un proyecto “pro-inversión” y económico; discutirse en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; debatirse luego en el Congreso con amplio diálogo ciudadano, académico y empresarial, y aprobar dichos criterios en la misma ley y no en un reglamento.
En suma, la importancia de la materia en comento requiere un tratamiento riguroso y no un “fast-track” pro-inversión.
El verdadero camino hacia el desarrollo no es solo económico, es también social y ambiental. En otras palabras, el verdadero desarrollo es sustentable, es decir, integral y perdurable.
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