Una respuesta insuficiente
Hemos conocido la respuesta de la Intendencia Metropolitana a la solicitud del autodenominado Movimiento Social Patriota para realizar una marcha antiinmigración este domingo 11 de agosto. La respuesta ha sido negativa. La marcha no se realizó, y aunque estamos de acuerdo con esta resolución, lo que nos preocupa son las razones que se esgrimieron para no autorizar dicha manifestación.
De acuerdo con las palabras de la propia intendenta de Santiago, Karla Rubilar, la negativa se fundaba en que en los convocantes “había un ánimo de violencia, de enfrentamiento que no podemos permitir”, añadiendo que “acá hay un riesgo de orden público”.
Frente a esto, cabe preguntarse si, de haberse tratado de una convocatoria sin tintes de violencia explícitos y con independencia de su contenido, ¿habría sido autorizada? De haber una nueva solicitud aparentemente pacífica por el mismo tema, ¿será ahora sí autorizada?
Un segundo argumento se dirigió a lo inoportuno de la fecha, puesto que habría coincidido con la celebración del Día del Niño, en virtud de lo cual - dijo Rubilar - “habrá muchos pequeños circulando por el sector para dirigirse al Parque Metropolitano”.
Pero, y si la solicitud no hubiese sido para un día conmemorativo-publicitario como este, y si espacialmente no fuese a entorpecer ningún desplazamiento poco habitual de personas, ¿habría sido autorizada?
Y si estas últimas condiciones se cumplen en el futuro, ¿será entonces autorizada?
En ambos casos, llama la atención la naturaleza de la respuesta, de corte más bien procedimental; legítima, por cierto, mas no sustantiva, respecto de los discursos que están detrás de quienes convocan.
Nos preguntamos si la denegación de autorización también debiese obedecer, en casos futuros, a manifestaciones que abiertamente incitan al odio y la violencia (hacia cualquier grupo) en aras de una supuesta libertad de expresión, de conciencia y de agrupación, pues, ¿acaso el resguardo de una sana convivencia no es también un asunto de seguridad ciudadana?
En la respuesta de la Intendenta no fue posible encontrar ninguna crítica de fondo a una manifestación como esta. Nada se dijo sobre el espíritu discriminatorio e inhumano que mueve a una marcha antiimigración.
O sobre la falsa antítesis que plantean en los convocantes en redes sociales: “derechos para los chilenos o para los inmigrantes”, ante lo cual se insta a escoger primero a los nacionales.
Sorprende que se haga un llamado a exigir derechos para unos (los nacionales), pretendiendo la limitación o el cese de los derechos de otros (los inmigrantes), lo que se traduce, entre otras cosas, en el llamado abierto a que se apoye la idea que el Estado deje de brindar protección a solicitantes de refugio.
Craso error en los términos, aunque muy probablemente del todo intencional en su ánimo de generar confusión en la ciudadanía.
Los derechos humanos, por su propia naturaleza y sentido, o son universales o no son derechos humanos. No puede haber falsas dicotomías entre derechos solo para algunos porque no alcanzarían para todos/as.
Los derechos humanos no tienen nacionalidad y son el reflejo de la más alta aspiración por una vida completamente humana en condiciones de igualdad y justicia social.
Quienes migran lo hacen movidos por encontrar, allá donde van, esa vida en condiciones de dignidad que en sus territorios de origen les ha sido negada.
Creemos que el tipo de respuesta que las autoridades políticas debieran dar en estos tiempos, sobre todo en situaciones en las que abiertamente se maltrata a poblaciones altamente vulnerabilizadas, requiere tener a la vista las obligaciones del Estado de respeto, garantía y protección de los derechos humanos, en tanto sustento ético y político de la dignidad humana que merece ser resguardada de manera irrestricta.
Coautora de la columna, Paulina Morales Académica Universidad Alberto Hurtado.
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