Vigilancia y ceguera en territorio ancestral mapuche

Escribo esta columna con la pretensión de pensar que, lo que actualmente vive el país gracias al movimiento por la educación, es un marco propicio para entender la radicalización del conflicto que hace 14 años enfrenta abiertamente al Estado Chileno con el movimiento mapuche en el sur del país.

Mucho se ha criticado al gobierno estos días por reprimir la manifestación ciudadana por la educación pública, y no mostrar disposición para ir al tema de fondo.

La desconexión del gobierno con el descontento social se hizo especialmente evidente el 4 de agosto pasado, en que el ministerio del Interior toma la opción de pretender tapar el sol con el dedo, sin darse cuenta de que con eso sólo logra fortalecer la convicción del movimiento.

Doy esa larga vuelta, para explicar que eso mismo es lo que viene pasando lejos de las cámaras de televisión y del interés del ciudadano wingka, en territorio ancestral mapuche.

En el conflicto permanente, de vez en cuando hace noticia una huelga de hambre o el asesinato de un joven mapuche por parte de las fuerzas especiales de la 9a zona de carabineros, como hace dos años, un 12 de agosto, Jaime Mendoza Collío.

Esta columna la escribo con la impotencia de ver que esto puede volver a repetirse en cualquier momento.

Hoy el Estado chileno, para defender la propiedad privada wingka en territorio ancestral mapuche, ha instalado un moderno sistema de vigilancia, con cámara de alto alcance y definición, en el predio de René Urban que reclama Temucuicui. Con esto el Estado espera tener más elementos para criminalizar la causa mapuche. Grave error.

Las cámaras instaladas en territorio ancestral mapuche sólo lograrán seguir generando en sus jóvenes la sensación de que el Estado chileno es el enemigo.

Con las cámaras de vigilancia, la justicia wingka pretende ver mejor lo que pasa en el sur, pero sin entender que tiene que mirar más en profundidad.

Quisiéramos, por un lado, que esas cámaras sirvieran más bien para vigilar el accionar de la fuerza policial de la novena zona, que ya cuenta con tres muertos en democracia en territorio mapuche.

A dos años de la muerte de Jaime Mendoza Collío, el pueblo mapuche tiene derecho a que se transparente la verdad y se haga justicia, pues todos escuchamos ese 12 de agosto en televisión el relato que decía que el carabinero disparó en defensa propia.

Todo Chile vio el casco con perdigones que mostró carabineros para fundamentar su versión.

Nadie creyó a los mapuche que dijeron que no hubo enfrentamiento sino una persecución a jóvenes desarmados.

No hubo cámaras para ellos, y muy pocos supieron de la pericia posterior de la PDI que mostró un grave montaje de carabineros para justificar el asesinato, con un chaleco antibalas al que alguien le disparó sin que el carabinero lo tuviera puesto.

Al carabinero lo procesaron, pero no a sus cómplices y encubridores. Se trata de las mismas fuerzas especiales de Malleco donde el teniente Alejandro Sáez –encargado de operativos de las fuerzas de elite– está acusado por perseguir con una motosierra y cortar en el pie a un cabo, una semana después del asesinato del joven mapuche, y Claudio Rodríguez –jefe de fuerzas especiales– por falsificación de documento público, hechos que se mantuvieron en secreto hasta hace pocos días.

Es de sentido común que, si en lugar de ser un joven mapuche el muerto, hubiera sido un dirigente universitario, el oficial a cargo, Iván Bezmalinovic -quien respaldó la tesis del enfrentamiento y la legítima defensa, a pesar de la irregularidad de que el GOPE le avisó recién media hora después que había dado muerte a un joven- al menos no habría sido ascendido a general de zona, como lo fue poco después, ante una acusación de montaje de tal envergadura.

Total, lo que haga la fuerza policial del Estado en las comunidades mapuche, no tiene fuerza para escandalizar a casi nadie en Chile. No es lo mismo si un ciudadano muriera en una protesta en la Alameda, a los jóvenes mapuche que han muerto defendiendo su territorio ancestral a 800 kilómetros de la capital wingka.

En Temucuicui ya denuncian en este mes de movilizaciones varios heridos por perdigones, uno de ellos –menor de edad- herido a bala. Pero nadie les cree.

Hace pocos días tuve la oportunidad de conversar con un peñi que tenía un perdigón en la cara y no se atrevía, por desconfianza, a ir al hospital. Carabineros tiene algunos heridos con piedras, y si tiene heridos con perdigones sería bueno, dada la experiencia en esa zona, que esto se pudiera constatar a través de organismos de derechos humanos independientes.

Por otro lado, es de esperar que no ocurra con esta nueva cámara de vigilancia, como en el caso del peaje Quino, en que previo al juicio por ley antiterrorista que se prepara en estos momentos (sí, leyó bien: juicio por ley antiterrorista que se prepara en estos momentos), la fiscalía, mañosamente, entrega a la defensa las grabaciones de seguridad de todos los peajes del sector… menos del peaje asaltado.

Si la fiscalía tiene esa grabación, su obligación legal es entregarla a la defensa en la preparación del juicio.

Las cámaras, al igual que las escuchas telefónicas, bien lo saben los mapuche, pueden usarse para esclarecer la realidad o para oscurecerla; para contar una historia o para inventarla.

Total, lo que el Ministerio Público y los tribunales hagan con los mapuche no tiene fuerza para escandalizar a casi nadie en Chile. No es lo mismo que a un dirigente estudiantil -Recaredo Gálvez- se le ponga en prisión preventiva sin pruebas, a que esto se haga con cien mapuches.

Las cámaras de vigilancia en territorio ancestral mapuche nunca serán la solución porque no son capaces de retrotraerse, por ejemplo, al tiempo en que el longko Catrillanca era un niño que andaba sin zapatos en la escuela, donde escuchó hablar de Leftraru y Kalfulikán, y comparó la miseria en la que vivía, con la alta imagen del mapuche orgulloso, digno, de pie y en lucha por su territorio. “Cómo podría llegar yo a ser como ellos. Cómo podría nuestro pueblo dejar el alcoholismo, recuperar la dignidad y luchar por la tierra”, se preguntaba el descendiente de longko en Temucuicui, y hacia allá dirigió su acción política.

La cámara de vigilancia no es capaz de ver el problema a fondo. Así no se arreglan los problemas.

El razonamiento del gobierno, a pesar de que René Urban está dispuesto a vender, es que si entrega tierras a comunidades movilizadas, cientos de comunidades mapuche se levantarán.

Razonamiento impecable de quien no quiere ver ni el pasado ni el futuro de este conflicto.

Entonces es más fácil seguir chuteando el problema para más adelante que solucionarlo, y sobre todo, es más fácil actuar por cálculos políticos y económicos que simplemente hacer justicia.