Descentralización: es la hora de una agenda concordada

Ignacia Fernández

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El pasado 12 de enero, la recientemente conformada Asociación de Gobernadores Regionales se reunió con el Presidente electo Gabriel Boric, para avanzar en una propuesta conjunta de descentralización para los próximos años.

Independiente de las auspiciosas señales de cambio constitucional que está entregando la Convención en esta materia, hay mucho espacio para avanzar en el marco de la legislación vigente, si es que existe la voluntad para hacerlo. Hoy contamos con la declarada voluntad de Gabriel Boric y el compromiso transversal de las y los gobernadores para llevar adelante una agenda conjunta que permita dotar de competencias y recursos a los gobiernos regionales.

Tras la promulgación, en febrero de 2018, de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País, el Presidente de la República está facultado para transferir de oficio o a solicitud de un gobierno regional, una o más competencias de los ministerios o servicios públicos en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

Mientras que el procedimiento para la solicitud de una transferencia por parte de un gobierno regional es relativamente engorroso, la facultad del Presidente para transferir es simple y está consagrada en la normativa vigente. En consecuencia, la voluntad del Ejecutivo puede dar paso a un proactivo proceso de transferencias, que permita dotar a los gobiernos regionales de un efectivo poder de decisión sobre asuntos que evidentemente les competen y que afectan directamente sobre la calidad de vida y el bienestar de los habitantes en cada territorio.

Un proceso concordado entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales debiera permitir conjugar el traspaso a todas las regiones del país de un conjunto de competencias y atribuciones claves, con el levantamiento de demandas más específicas y atingentes a las necesidades de cada región, para un posterior traspaso diferenciado de atribuciones vinculadas a la vocación de cada territorio.

Un primer criterio para el traspaso estandarizado por iniciativa presidencial, a todas las regiones del país, debiera considerar todas aquellas atribuciones requeridas para asegurar un piso adecuado de acceso a bienes y servicios que hoy día ofrecen servicios tales como el Fosis, Indap, Sence, Sercotec, entre otros, con pertinencia territorial. Por su parte, para el traspaso diferenciado a las regiones que así lo soliciten, debiera primar la vocación de desarrollo de cada territorio, así como el sentido de integralidad en la acción pública.

Esto último, que parece muy técnico y desvinculado del día a día, se hace patente en un ejemplo relativo a unas de las áreas que conozco en mayor detalle: el desarrollo rural. Aunque una parte de las competencias para promover el desarrollo de las zonas rurales del país se encuentran actualmente radicadas en Indap y otros servicios del Ministerio de Agricultura, bien sabemos que los territorios rurales son mucho más que la actividad agrícola que en ellos tiene lugar, por lo que su desarrollo requiere también cambios significativos en el acceso a la salud y la educación, mejores condiciones de conectividad, la promoción del turismo, entre otras cuestiones extensas de mencionar.

Una región del país con vocación rural va, en consecuencia, a requerir contar con autonomía en estas distintas materias.

Pero de criterios y mecanismos se ha discutido mucho y habrá tiempo de seguir haciéndolo. Lo importante hoy día es que contamos con la voluntad y las condiciones habilitadoras para dar inicio a un decidido proceso de descentralización.