Desde 2009, cada 31 de marzo se conmemora el Día de las Regiones. Este año, como en ocasiones anteriores, volvimos a escuchar llamados a fortalecer la autonomía territorial y avanzar hacia un país menos centralizado. Sin embargo, la descentralización en Chile suele verse mejor en el discurso que en la práctica.
Esa distancia se refleja con especial claridad en la forma en que ha operado el mecanismo de transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Se trata de uno de los instrumentos más concretos para avanzar en descentralización administrativa. Y, precisamente por eso, su balance debiera encender alertas, ya que hay al menos tres motivos para mirar con preocupación cómo ha funcionado.
En primer lugar, el proceso ha avanzado poco y sigue dependiendo en exceso del nivel central. Desde 2018 se han transferido 19 competencias, 15 durante el gobierno del expresidente Piñera, y, salvo en tres casos, sin condiciones económicas ni recursos humanos suficientes para ejercerlas. Lo que se observa, entonces, es un mecanismo acotado que muchas veces transfiere atribuciones sin asegurar capacidades reales para asumirlas.
En segundo lugar, el mismo mecanismo que permitía a los propios gobiernos regionales empujar este proceso casi no fue utilizado. Durante los dos primeros años de cada período presidencial, los gobiernos regionales pueden solicitar nuevas competencias. Sin embargo, durante la ventana anterior solo una región activó esta vía, y lo hizo el último día. Lo que faltó no fue tiempo, sino voluntad política de los gobernadores para impulsar una agenda descentralizadora con objetivos claros, apoyo técnico y coordinación efectiva entre el nivel central y el regional.
Y, en tercer lugar, ya no basta con hablar de lentitud. También existe un riesgo de retroceso. Hacia el cierre del período presidencial anterior, las proyecciones advertían que la mayoría de las regiones podía enfrentar la recentralización de 10 competencias, quedando con menos poder efectivo del que había alcanzado durante el proceso. Esa posibilidad de recentralización muestra hasta qué punto el modelo sigue siendo frágil.
Hoy existe una nueva oportunidad para corregir ese rumbo. El nuevo período presidencial abrió una nueva ventana, que se cierra el 11 de marzo de 2028, para que los gobiernos regionales soliciten competencias. Por lo mismo, los gobernadores no pueden limitarse a denunciar el centralismo: tienen que usar las herramientas que la ley les entrega y empujar atribuciones estratégicas, con los recursos correspondientes, para sus regiones.
El Ejecutivo, por su parte, debe asumir un papel más activo que la administración anterior. Pocos días antes de asumir, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que Chile no es una república federal, pero que eso no impide entregar más atribuciones y recursos a los gobiernos regionales si existen mayores estándares de transparencia y control. Habrá que ver si, en cuatro años más, esa convicción se tradujo en hechos o quedó solo en el terreno de las buenas intenciones.
Por eso, el Día de las Regiones no debiera ser solo una fecha para conmemorar. Debiera ser también una oportunidad para hacer un balance incómodo, porque en Chile seguimos hablando mucho de descentralización, pero todavía transferimos pocas competencias para impulsar el desarrollo regional. Y mientras esa distancia persista, las regiones seguirán siendo importantes en el discurso, pero secundarias en el ejercicio efectivo del poder.