Fin de los delegados presidenciales
Todas las regiones del país asisten a una anomalía centralista que coarta las capacidades de su propia identidad y fuerza regional: la existencia de delegados presidenciales, expresión nítida de un centralismo anacrónico que atenta contra la autoridad de los gobernadores elegidos por la ciudadanía.
Es una disposición muy desafortunada, que se estableció junto con la esperanzadora elección de los gobernadores regionales. Aquella norma hace que hoy el propio gobernador Claudio Orrego tenga menos atribuciones que las que poseía cuando fue intendente metropolitano en el 2014. Enteramente incomprensible.
Un acuerdo inadecuado en el Congreso, frente a un Ejecutivo sólo concentrado en la elección de la autoridad regional, hizo posible que se consumara una contradicción vital para la descentralización chilena. Así es como los actuales gobernadores carecen de un gabinete ministerial regional, y se hace imposible conducir la inversión pública en el territorio, hacer ordenamiento territorial, tutelar el medio ambiente y encaminar el emprendimiento productivo.
En efecto, entendida como una extensión del tradicional Estado unitario, se decidió atribuir la representación ministerial territorial a una autoridad emanada de una decisión del Ejecutivo. Lo anterior hace que las seremías y jefaturas regionales de servicios tengan que reconocer dependencia de dichas delegaciones, incluso para la confección de las ternas de nombramiento ministerial: un funcionario centralista por sobre la autoridad regional emanada de la soberanía popular.
El Presidente Gabriel Boric dijo en su oportunidad que esperaba salir de La Moneda con menos potestades de las que recibió. Por lo mismo, ésta en una anomalía a ser corregida cuanto antes. Los gobiernos regionales deben ser una realidad efectiva, y todo el elenco de autoridades regionales ministeriales deben reconocer el predominio de la autoridad regional electa por la ciudadanía, y depender de ella para todas las materias que se relacionen con la realidad regional.
Es perfectamente posible que las tareas propias del gobierno interior sean encomendadas a un seremi del Ministerio del Interior, y con ello el gobernador tendrá tuición sobre los sectores ministeriales en lo que respecta a materias regionales. No ha sido nunca un problema que los seremis sean nombrados por cada ministerio de entre ternas presentadas por el gobernador regional y no por el delegado presidencial. La antigua "doble dependencia" ha mostrado ser mucho más útil y practica que esta intromisión centralista.
A terminar con los delegados presidenciales cuanto antes. El Ejecutivo y el Congreso tienen la palabra.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado