Gobernadores regionales: Una agenda para avanzar en el corto plazo

Ignacia Fernández

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Tras las elecciones del pasado domingo, Chile contará por primera vez en su historia con autoridades regionales democráticamente electas, para liderar y promover el desarrollo territorial. Esta es una buena noticia, a la que se suma el hecho de que varias de las autoridades electas tienen un claro arraigo local, por lo que es de esperar que sus agendas se orienten a la satisfacción de las demandas y aspiraciones de las comunidades que los eligieron y no a objetivos de política nacional.

Buena noticia que ocurre, además, en un contexto particularmente propicio para profundizar el proceso de descentralización, como resultado del trabajo constituyente y la prioridad que, hasta el momento, han expresado parte importante de los constituyentes por los temas territoriales.

En los próximos meses, la distribución territorial del poder debiera, en consecuencia, ocupar un lugar importante en la agenda pública. Queda mucho por hacer al respecto, pues bien sabemos que las nuevas autoridades tendrán escasas atribuciones y deberán compartir con una figura designada, la del delegado presidencial, la gestión de los asuntos para las que ellos y ellas -y no los delegados- fueron electos por la ciudadanía.

Hay avances necesarios que deberán esperar a las nuevas definiciones constitucionales y a la prioridad que asigne a este tema el próximo gobierno, para impulsar las reformas legales requeridas que incrementen las competencias de las y los gobernadores y disminuyan el espacio de acción de delegados designados. Pero hay acciones que es posible comenzar a ejecutar en el muy corto plazo.

Es posible, en primer lugar, aprovechar al máximo el espacio de oportunidad que ofrece la legislación vigente para acelerar el proceso de solicitud de competencias al nivel central, de parte de los gobiernos regionales. La ley define un mecanismo y hay que utilizarlo al máximo, pues por ahora es la mejor oportunidad con que cuentan las y los gobernadores para satisfacer las aspiraciones de sus electores.

Es posible avanzar también en materia de ordenamiento territorial, pues la ley otorga a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial un carácter vinculante que no tenían en el pasado. Imaginemos, por un momento, a los nuevos equipos regionales abriendo amplios espacios de diálogo y deliberación en sus territorios, que permitan definir vocaciones productivas territoriales y usos alternativos del suelo, para tener como resultado una normativa regional rectora sobre las decisiones de inversión y localización de actividades que pueda promover el Estado central y la empresa privada. Este es un proceso que debió haberse iniciado hace un par de años, pero que el gobierno ha detenido por sus posibles implicancias políticas y económicas. Dieciséis, o al menos 15 gobernadores electos, además de muchos quienes valoramos la urgente necesidad de reactivar este proceso, podemos ejercer hoy día fuerzas para poner en marcha esta estrategia a la brevedad.

Es posible, por último, invitar a las nuevas autoridades electas a participar del proceso de discusión presupuestaria que, a partir de septiembre, definirá el destino de los recursos asignados a las regiones para el próximo año 2022. Una demanda sentida y pendiente del proceso de descentralización es la mayor autonomía financiera de las regiones. Lo que propongo acá es un paso simbólico, mínimo, pero importante para fortalecer el compromiso político nacional con un proceso en marcha, que parece no tener vuelta atrás, y que debiera devenir en la existencia de regiones y territorios más autónomos.