Las regiones solemos estar muy bien consideradas en los discursos de nuestras autoridades. Lo demuestra el hecho que cuesta encontrar posturas contrarias al proceso de descentralización, que actualmente se encuentra en marcha, y que ya cuenta con la posibilidad de elegir gobernadores regionales (lo que tendrá lugar en octubre de 2020) y la delegación de 15 competencias hacia las regiones.
Pese a dichos avances, este proceso carece de otras características que permitirían darle un mayor grado de participación a la ciudadanía y gobernabilidad, que son deseables de alcanzar cuando de descentralización hablamos. En tal sentido, se pueden mencionar tres elementos que son esenciales y no están considerados en el actual proceso de descentralización.
El primero de ellos tiene que ver con la forma de definición de competencias a delegar en las regiones. Si la descentralización involucra mayor participación, para ello se debió considerar a la ciudadanía en la labor de determinar cuáles son las facultades más significativas para ella y que, por lo tanto, esperan sean ejecutadas dentro del ámbito regional.
Hoy estas 15 competencias delegadas ya fueron definidas, por lo que en las próximas delegaciones, se deberían establecer mecanismos que permitan escuchar el sentir regional. Por ahora, habrá de conformarse con las que hay.
El segundo elemento consiste en la posibilidad de participación en las competencias delegadas, pues su ejercicio debiese suponer un rol activo de la ciudadanía, por ejemplo, preguntando en qué se quieren gastar o invertir sus recursos.
Sin embargo, en las 15 competencias que serán devueltas a las regiones hay poco espacio para ello. Se requerirá de la creatividad de cada gobernador regional para que la ciudadanía se sienta parte de la toma de decisiones.
Se corre un serio riesgo de que perdamos el entusiasmo descentralizador, más aún si vemos a los bloques tradicionales de nuestra política limitando el debate en quién puede ser su candidato o candidata, pues ello generará en la ciudadanía (cada vez más desinteresada en "lo político") la imagen de que la descentralización no es más que un mero traspaso de las mismas peleas que ve en el plano nacional al plano regional.
Un tercer elemento tiene que ver con la posibilidad de control desde la ciudadanía. Es cierto que la descentralización requiere, entre otras cosas, de una correcta rendición de cuentas de los recursos fiscales. Pero tal control también debiese provenir de la oportunidad de ejercer controles (además del voto) que sean eficaces, de lo contrario difícilmente se podrá alcanzar un proceso descentralizador democrático y participativo.
Hay que recordar que el año 2022 las 15 competencias serán evaluadas, existiendo la posibilidad que retornen al nivel central. Una causal de ello podrían ser problemas de corrupción originados en las regiones al momento de utilizar los recursos fiscales delegados (problemas de corrupción, en todo caso, de lo que también adolece el nivel central).
En tal escenario, la responsabilidad no debiese recaer en "la corrupción de las regiones", sino en quienes idearon este proceso de descentralización que no entregó mecanismos de control más próximos al nivel regional donde se adoptan las decisiones.
Mucho nos jugamos las regiones en este proceso. Pero más se juegan quienes pensaron este proceso de descentralización sin apertura ciudadana. Habrá que recordarles su responsabilidad en caso que su modelo no esté a la altura de las expectativas.
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