La organización mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta a todos los países a incrementar la vigilancia para detener en Internet y en otros canales de distribución no autorizados, la venta de medicamentos falsificados e insumos médicos sin control sanitario, que prometen engañosamente prevenir el Covid 19 y cuya venta se ha disparado, en forma alarmante, los últimos meses.
Tal es la gravedad de la situación, que el organismo internacional advirtió a los gobiernos que, de no tomar medidas, esto podría convertirse en una pandemia paralela al Coronavirus con riesgos inminentes, a la salud de la población.
Estos productos médicos y fármacos pueden estar contaminados, vencidos, o no contener el ingrediente activo, es decir, que no tratan la enfermedad para la cual fue adquirido poniendo en claro peligro la vida del paciente que lo consume.
Son nuestros países, de menores ingresos, los más expuestos a sufrir las consecuencias de este mercado que se ha desarrollado en sitios Web de comercio electrónico, redes sociales, ferias, almacenes y retail.
En una de las operaciones más amplias realizadas en los últimos meses, llamada Pangea XIII, la Interpol con ayuda de países de América y Europa, confiscó más de 4 millones de unidades de este tipo de fármacos e identificó más de 2.000 sitios de Internet que comercializan estos productos fraudulentos, entre ellos, el arbidol, la hidroxicloroquina, test rápidos para detectar el Covid-19, mascarillas quirúrgicas y máscaras como la Nº95 que no cumplen con las normas de calidad requeridas.
Para contextualizar la precariedad sobre esta materia en nuestro país, podemos afirmar que Chile ha sido incapaz de frenar el comercio ilegal en ferias libres o en la calle, esto mucho antes que nos azotara esta pandemia. Lamentablemente, no ha estado entre las prioridades del ministerio de Salud, porque según responde “no es su función” y la delega en las Fuerzas de Orden y Seguridad, sin hacer gestión alguna frente a las denuncias que recibe.
Por sentido común, uno podría esperar ya que si el ISP tiene una red de Seremis a lo largo de Chile fiscalizando a nuestras farmacias en el estricto cumplimiento sanitario y legal de dispensación de medicamentos (almacenamiento, temperatura, petitorio, presencia de asesoría profesional, reporte de medicamentos con fallas, etc.) podría también canalizar activamente las denuncias de venta ilegal y operar como contraparte, para velar por la salud de la población.
Pero no. Lo que vemos es un lavarse las manos y seguir. Esta forma de actuar nos preocupa sobre manera cuando tenemos ad portas un decreto presidencial, el 59 emanado del mismo Minsal, en relación a aprobar e incentivar la venta on line de medicamentos en nuestro país. Y el que, actualmente, se encuentra en revisión en la Controlaría y sobre el cual aún debe pronunciarse.
Entonces, ¿en qué esta Chile? Por respuesta tenemos a un Gobierno apoyado por un grupo de legisladores que, en forma imprudente, ha impulsado la venta electrónica de medicamentos (e-commerce) sin un marco capaz de regularlo y sobre todo fiscalizarlo.
Irresponsablemente, con un afán netamente económico busca liberalizar la participación de actores no regulados sanitariamente en la dispensación farmacéutica, tales como empresas del retail electrónico y de despacho a domicilio. Uno de los aspectos quizá más grave, es que estos ya están operando a vista y paciencia de todos.
El decreto de venta electrónica de medicamentos del Gobierno se auto exime, además, desde el ámbito público de Salud vigilar la cadena total y eso claramente no van en ayuda de las personas. Está muy lejos de disminuir su gasto de bolsillo y solo las exponen a defraudaciones. Tómese de ejemplo, el caso europeo, dónde el costo de envío jamás debe incrementar el costo de adquisición del medicamento al que tiene en la farmacia.
En el artículo 87º E d. sobre el expendio según condición de venta, dice “en el caso de aquellos medicamentos cuya condición de venta es receta simple, el expendio se hará previa comunicación de la receta al establecimiento. Para cumplir con este requisito podrá ponerse a disposición del establecimiento una receta médica electrónica o una copia electrónica o digitalizada de una receta emitida por medios físicos”.
Esto, conlleva riesgos inminentes de falsificación. Países que nos llevan delantera en legislación en Salud solo permiten venta on line de medicamentos OTC, es decir, libres de receta.
Debemos ser sumamente diligentes al redactar nuestras políticas públicas en Salud, entendiendo nuestro contexto y realidad país, sobre todo cuidando que sus consecuencias no impacten negativamente la salud de los pacientes y, además, no aumenten el costo de sus medicamentos.
Pensemos en un sistema inteligente y responsable pro ciudadanía. Cómo no hacerlo ¡Cómo no! Si frente a la multiplicidad de mensajes que circulan por todos los canales, exentos de orientación médica y profesional del Químico Farmacéutico de farmacia, tenemos un 60% de personas intoxicadas por productos de limpieza en Chile!
Recordemos, también, que las plataformas digitales no solucionan las brechas de acceso entre los pacientes más vulnerables y de la tercera edad, cuya principal barrera es el precio.
Muchos de ellos tampoco cuentan con acceso a Internet, el promedio nacional de la penetración fija es solo el del 49,8%. Por lo que solo dejamos más aislados a estos grupos y sin la posibilidad de acceder a una solución.
Hoy, el Covid 19 nos impone velar más que nunca por la salud de nuestra gente. El costo es de vida o muerte.
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