Receta médica y anticonceptivos, que la norma no se convierta en barrera

Héctor Rojas Piccardo

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Cada semana, en nuestras farmacias escuchamos una misma pregunta repetirse con creciente frustración: "¿Necesito receta médica para comprar mis anticonceptivos?". La respuesta es sí, según la normativa sanitaria vigente. Pero lo que nos preocupa -y nos debe preocupar como sociedad- no es la regla en sí, sino lo que ocurre cuando su aplicación se convierte, en la práctica, en una barrera de acceso.

En Chile, no todas las mujeres tienen la misma posibilidad de acudir al médico para obtener una receta. Las que viven en regiones, en zonas rurales o en localidades donde no hay disponibilidad regular de atención médica enfrentan una realidad muy distinta a la de quienes habitan en centros urbanos. Pero incluso dentro de las ciudades, hay diferencias marcadas según el nivel socioeconómico, el acceso digital, el tiempo disponible o la carga de cuidados que muchas mujeres asumen. Para ellas, conseguir una receta médica no es un paso simple: es un trayecto costoso, postergado, muchas veces inalcanzable.

¿Es justo que el ejercicio de un derecho tan básico dependa de dónde viven, cuánto ganan o cuántas horas pueden dedicar a gestionarlo?

A esta desigualdad se suma una dificultad adicional: la vigencia limitada de las recetas médicas. Aun cuando una usuaria haya logrado acceder a atención y obtener la prescripción correspondiente, muchas veces se encuentra con que esta pierde validez en pocas semanas o meses, obligándola a reiniciar un proceso que ya cumplió. Esta exigencia, cuando no responde a criterios clínicos específicos, solo agrava la carga burocrática y expone nuevamente a las mujeres a la incertidumbre y al desgaste.

La normativa actual no considera el acceso desigual a médicos -ya sea por ruralidad, disponibilidad de tiempo o costos asociados-. Tampoco distingue entre una primera receta y la continuidad de un tratamiento ya indicado. Peor aún, invisibiliza las consecuencias reales de estas barreras: interrupciones en el uso de anticonceptivos, embarazos no planificados, y afectación directa a la salud mental y física de muchas mujeres. Es lo que llamamos una barrera normativa silenciosa: no prohíbe explícitamente, pero dificulta en los hechos.

Como gremio, no cuestionamos la necesidad de que los medicamentos estén regulados, ni el rol prescriptivo que corresponde a los profesionales de la salud. Pero sí creemos que el Estado tiene la responsabilidad de evaluar cuándo una política sanitaria -por más bien intencionada que sea- termina contradiciendo los principios que dice defender: el acceso, la equidad, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En este caso, la exigencia rígida de receta médica, sin adecuarse a las distintas realidades del país, está generando una desigualdad recetada.

Desde nuestra experiencia en terreno, proponemos soluciones. La interoperabilidad del sistema de salud, por ejemplo, permitiría que las recetas pudieran verificarse digitalmente entre farmacias y centros médicos, sin obligar a las personas a duplicar gestiones ni revivir procesos administrativos ya cumplidos. Esta es una medida técnica, sí. Pero también es una medida de justicia.

No estamos pidiendo excepciones discrecionales ni facilidades fuera de norma. Estamos llamando a una revisión seria, ética y con perspectiva de derechos, que escuche a las mujeres. Tenemos disposición, tenemos propuestas, y tenemos una urgencia compartida con miles de usuarias que ya no pueden esperar. Porque cuando una norma sanitaria se transforma en un obstáculo cotidiano para el ejercicio de los derechos, entonces es el momento de actuar.