¡Bienvenidos al mercado de fármacos, órganos y tejidos humanos! Mucho ruido, grandes silencios

En marzo de 2015, un grupo transversal de senadores (Goic, Girardi, Ossandón, Rossi y Zaldívar) presentó una moción parlamentaria, cuyo propósito era regular algunos aspectos que a su juicio habían quedado excluidos o insuficientemente regulados en la Ley 20.724, Ley de Fármacos 1”, publicada en febrero de 2014.

El objetivo era “ajustar la legislación con miras a fomentar la disponibilidad y la penetración en el mercado de los medicamentos genéricos bioequivalentes”, a través de medidas tales como la prohibición de la integración vertical de laboratorios farmacéuticos y farmacias y la obligatoriedad de agregar el nombre genérico del fármaco prescrito por un facultativo.

El gobierno de la Presidenta Bachelet, haciéndose cargo de la necesidad de perfeccionar la Ley de Fármacos, decidió patrocinar y dar urgencia a la moción, y presentó una serie de indicaciones al proyecto. El objetivo del Ejecutivo era mejorar el acceso de la población no sólo a los a medicamentos, sino también a los dispositivos de uso médico y a los órganos, tejidos u otros componentes del cuerpo humano donados, en términos de calidad, seguridad y menores costos directos e indirectos para las personas.

Luego de un enriquecedor proceso de discusión en la Comisión de Salud del Senado, la mayoría de los artículos propuestos fueron aprobados por unanimidad, y casi la totalidad de los restantes resultaron aprobados por mayoría. El proyecto de ley pasó de esta forma a la Cámara de Diputados, para continuar con su discusión.

En esta instancia, el gobierno de la Presidenta Bachelet alcanzó a presentar nuevas indicaciones, que fueron producto de acuerdos generados a propósito de la discusión en el Senado, o bien, porque por norma, eran materias que sólo pueden iniciar su discusión en la Cámara (exención de impuestos).

Con el cambio de gobierno, la administración del Presidente Piñera retiró las indicaciones y presentó un nuevo oficio con otras nuevas en el marco de una actividad comunicacional donde participó el propio mandatario. En dicho evento se puso énfasis en las “propuestas” del gobierno como si estas representaran una gran novedad.

Pero la verdad es que las novedades planteadas no son tales, y lo más importante resulta ser aquello de lo cual no se habló.

Por ejemplo, se anunció que los médicos serían obligados a recetar por la Denominación Común Internacional (DCI); que las farmacias estarían obligadas a contar con un petitorio de fármacos nominados con DCI a disposición del público; y que laboratorios y farmacias deberían informar los precios de medicamentos al Minsal y al ISP para generar un comparador de precios. Sin embargo, todas estas medidas ¡ya fueron aprobadas en el Senado!

Pero lo anterior no es lo más grave, sino las omisiones al momento de dar cuenta del contenido de las indicaciones presentadas por el actual gobierno. Refiriéndose a la donación de órganos y tejidos, el gobierno actual señala, "no se considerará como incentivo económico todas aquellas prestaciones pecuniarias destinadas a indemnizar al donante por los perjuicios económicos que pueda haber sufrido por causa de la donación."

Al mismo tiempo, se propone eliminar la indicación que alcanzó a presentar la Presidenta Bachelet, que señalaba que “los tejidos o partes del cuerpo regulados en el presente Libro, que incluyen entre otros a células madre, órganos o médula ósea, que a título gratuito se importen y aprovechen de conformidad con las disposiciones de este Código, se calificarán para todos los efectos legales como donaciones y socorros, quedando para estos efectos exentas del impuesto establecido en el Título II del decreto ley N° 825, de 1974, sin necesidad que el importador sea una fundación, corporación o universidad”. 

En su conjunto, de estas indicaciones solo se puede concluir que para este gobierno, la donación de órganos y tejidos no es una acción altruista, y que por el contrario cabe la compensación económica, y el pago de impuestos como cualquier producto comercializable ¡Bienvenidos al mercado de órganos y tejidos humanos!

Otra grave omisión del gobierno a la hora de anunciar sus indicaciones, es la que pretende introducir la obligación al solicitante del registro sanitario de un producto farmacéutico ante el Instituto de Salud Pública, de individualizar la o las patentes del principio activo, composiciones o formulaciones que se encuentran incluidas en el producto farmacéutico que se desea registrar y/o de el o los procedimientos.

Esta es una medida que ha sido  demandada en reiteradas oportunidades por el gobierno estadounidense, a instancias de la industria desarrolladora de fármacos, para dificultar el registro de alternativas genéricas a los productos originales, y que ha sido largamente resistida por distintos gobiernos de nuestro país, incluso durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con EEUU, y durante la negociación del TPP (Acuerdo de comercio Trans-Pacífico). De llegar a concretarse esta medida, la posibilidad de efectivamente ampliar la política de genéricos bioequivalentes, que tan grandilocuentemente se ha anunciado,  en los hechos se pone en serio riesgo.

Una última omisión, no por eso menos grave, dice relación con la indicación que pretende eliminar una materia aprobada en el Senado que se refiere a permitir que la Central Nacional de Abastecimiento pueda registrar medicamentos "en circunstancias de desabastecimiento, inaccesibilidad"  "o escasa oferta de los productos sanitarios”. Con esto se mantendría la facultad más bien restringida que actualmente tiene CENABAST, que le permite registrar sólo a aquellos medicamentos cuya disponibilidad sea esencial para el desarrollo de programas o planes de salud de interés público.

Con las indicaciones presentadas por el actual gobierno, queda en evidencia que más que pretender hacer que los medicamentos sean más accesibles a la población, lo que se busca es revertir los avances ya logrados durante la discusión en el Senado, beneficiando finalmente a los intereses económicos y no a los miles de chilenos que esperan poder lograr un mejor acceso a los medicamentos que tanto necesitan.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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