Infancia vulnerable y salud
La situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos es un tema de preocupación que trasciende a un gobierno. No es posible pensar que en un período de 4 años, se pueda solucionar un problema de tal nivel de complejidad en sus diferentes ámbitos jurídico, económico, cultural, educacional o sanitario.
Deben por lo tanto converger en este esfuerzo diferentes actores, y en mi opinión es valioso que se haya convocado por parte del actual gobierno a representantes de distintas posturas políticas, así como representantes de la sociedad civil y del propio gobierno. Sin embargo, llama la atención la ausencia de representantes del mundo de la salud, incluso del propio ministerio de Salud. Esta es una grave omisión.
La vulnerabilidad durante la infancia y la adolescencia está estrechamente ligada con la salud, tanto desde el punto de vista de los factores que determinan tal vulnerabilidad, como de sus consecuencias.
Se trata de una población que presenta un alto riesgo para su integridad física y psicológica, asociado a problemas como el consumo de drogas (por parte de ellos o de su entorno), presencia de conductas precozmente sexualizadas (producto de abusos sufridos), o la presencia de violencia en su entorno, de la cual son habitualmente víctimas.
240.000 NNA pasan año a año por el SENAME, y de ellos alrededor de 8.000 se encuentran en residencias.
Las cifras señalan que casi un 70% de NNA vinculados al Servicio Nacional de Menores (SENAME), sufre de algún trastorno mental, destacando entre ellos, una alta prevalencia de riesgo de suicidio (45,3%), dependencia de drogas (40%), y trastornos de conducta (25,7%).
Estos problemas son aún más prevalentes si se considera específicamente a la población infractora de ley, entre quienes la presencia de algún trastorno mental llegaría a un 86,3%, y el abuso de sustancias a un 75,5%.
Esta realidad implica que el sector salud debe asumir una responsabilidad de primera línea para abordar los problemas que aquejan a niños, niñas y adolescentes vulnerables, y no descargar esta responsabilidad en otros sectores cuyo giro propio no es la salud de las personas
Durante mucho tiempo los niños del Sename fueron considerados un problema en las instituciones públicas de salud, incluso para aquellas dedicadas específicamente a la edad pediátrica, generándose una serie de obstáculos (consciente o inconscientemente) para que éstos fueran atendidos en dichos servicios.
La respuesta del SENAME fue crear una serie de programas que de manera muy inorgánica, trataron de suplir lo que Salud no estaba ofreciendo.
A partir de las conclusiones del Informe Jeldres y más tarde, de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del SENAME, el gobierno de la presidenta Bachelet instaló a partir de 2014 una mesa de trabajo intersectorial, que integraron los ministerios de Salud y Justicia, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Prevención de Drogas y Alcohol (SENDA), SENAME y el Consejo de la Infancia.
A través de esta instancia se generó una serie de intervenciones específicas y se propuso un “Sistema Intersectorial de Protección de Derechos en el ámbito de la Salud Integral, con énfasis en Salud Mental, para NNA con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley20.084”, es decir para toda la población que pasa por SENAME, de manera de brindar atención oportuna y de calidad, a través de un abordaje integral e integrado al sistema público de salud.
Este sistema inició su implementación gradual durante 2017 en 6 Servicios de Salud; es de esperar que el actual gobierno dé continuidad a esta importante política pública de salud.
No obstante, uno de los puntos más críticos detectados en los informes señalados dice relación no con la atención en los servicios de salud, sino con el sistema de vida cotidiano en las residencias, el que determina una situación de permanente riesgo físico, psicológico y social.
Entre otras razones, debido al elevado número de internos por residencia, la convivencia de niños con graves problemas de salud mental con otros con problemas menores, o la ausencia de personal adecuadamente capacitado para cubrir los requerimientos de los residentes.
Por esta razón, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el ministerio de Salud elaboró una propuesta de reglamento para el funcionamiento de las residencias administradas por el SENAME o por sus organismos colaboradores, con el objetivo de asegurar a los NNA, el derecho al máximo nivel de salud, “proveyendo las condiciones que favorezcan su bienestar y calidad de vida, promoviendo estilos de vida saludable, …favoreciendo la prevención de situaciones que afecten su desarrollo”.
La implementación de un reglamento de este tipo, que eleva el estándar de las residencias a un nivel concordante con lo que la evidencia internacional demuestra, es lo adecuado para garantizar una adecuada protección de los derechos de los NNA, implica una importante inyección de recursos públicos destinados al SENAME.
El actual gobierno ya ha comprometido mayores recursos, pero aún falta por saber cómo se utilizarán. El rol que corresponde al sector salud en el diseño y la implementación de las intervenciones que se planteen en el ámbito de la protección de los NNA vulnerados en sus derechos es central. Por lo mismo, esperamos que la omisión del sector salud de esta importante convocatoria, se corrija lo antes posible.
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