Castigo penal al aborto: disciplinamiento para cumplir los mandatos del patriarcado

Carmen Andrade Lara

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Observando la experiencia de diversos países, resulta evidente que cuando los sectores conservadores y de ultraderecha llegan a ocupar ámbitos de poder e influencia lo primero que corre riesgo es la llamada agenda de género, porque se tiende a desmantelar los avances culturales que se han producido en materia de igualdad y no discriminación, y el conjunto de derechos de las mujeres y las diversidades sexo genéricas, que han sido conquistados por años de trabajo y de lucha. La involución conservadora suele arremeter contra los espacios conquistados, incluso si se trata de mínimos civilizatorios para la dignidad de las mujeres, con el propósito de restaurar y legitimar su subordinación y de limitar su autonomía.

Es precisamente lo que se observa en la propuesta constitucional que será plesbicitada en diciembre próximo, en donde los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales y reproductivos, han sido puestos en jaque. Se trata de aquellos derechos "que permiten a todas las personas, sin discriminación, violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la sexualidad y reproducción, contando para ello con la información, los medios y servicios que así lo permitan" (humanas.cl)

Aunque se intente confundir a la opinión pública o no se digan las cosas por su nombre, lo que está a la base del proyecto de nueva Constitución, entre otros aspectos, es la intención de poner fin a la ley 21.030 de 2017, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y que permite el aborto en caso de riesgo vital de la embarazada, de inviabilidad fetal y de violación sexual, garantizando además prestaciones de salud y acompañamiento a mujeres y niñas. Esta ley estableció que la interrupción de un embarazo es una decisión exclusiva de las mujeres, que está en el ámbito de su autonomía personal, ya que obligarlas a asumir la maternidad en estas condiciones tan extremas constituye una grave vulneración de sus derechos.

La aprobación de esta ley, después de un amplio debate público, fue sin duda un paso muy significativo de la sociedad chilena en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, quienes quieren desconocer este avance olvidan que anualmente a nivel mundial más de 43 millones de mujeres -de distintas edades, condiciones sociales, creencias religiosas o estado civil- deciden interrumpir embarazos no deseados, no planificados, forzados. Cerca de la mitad de estos procedimientos se realizan en condiciones de clandestinidad y riesgo para la salud y la vida, por lo que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte de mujeres. Por todo ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido categórica al señalar que las legislaciones restrictivas en relación al aborto "ponen en peligro la vida de la mujer, aspecto que se relaciona con una alta tasa de aborto inseguro y, por consiguiente, con una mayor morbimortalidad de la mujer debido a las condiciones de riesgo en que estos abortos se practican".

Estos sectores conservadores desconocen también la abundante evidencia que demuestra que las leyes que sancionan penalmente el aborto no tienen ninguna eficacia para reducirlo, del mismo modo que en aquellos países donde éste es permitido no se ha producido aumento, como algunos/as anunciaban.

A todas luces se constata una situación contradictoria: se ha demostrado que la penalización del aborto no tiene efecto, y por el contrario, sólo genera riesgos para la salud y la vida de las mujeres que lo practican, especialmente en el caso de las jóvenes y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces cabe preguntar ¿cuál es el propósito de quienes intentan suprimir la ley de aborto en tres causales? Por más que se esgriman argumentos relacionados con la defensa de la vida -como si la vida de las mujeres no importara- lo que se busca en realidad, con la utilización del juicio y el castigo penal a las mujeres, es su "disciplinamiento", castigarlas públicamente, incluso con cárcel, para que cumplan los mandatos culturales, en este caso, el mandato de la maternidad a todo evento, incluso aunque sea forzada.

Cabe recordar que durante la dictadura militar se eliminó el aborto terapéutico que estaba permitido en Chile, con la derogación el año 1989 de la norma del Código Sanitario, a partir de lo cual se restableció la penalización del aborto en toda circunstancia. ¡Qué coincidencia!
Es la "policía de la moral" la que pretende imponer sus cánones para restaurar y fortalecer el orden patriarcal, frente al cual no quedaría otra alternativa sino obedecer. Este es el mensaje cultural que quieren instalar en la sociedad chilena aquellos/as que se resisten a comprender que las mujeres no son sujetos subordinados y que tienen plena capacidad y derecho de decidir respecto de sus vidas.