La salud mental es un tema/problema transversal en la sociedad chilena, que se agudiza en la medida que se interseccionan condiciones que favorecen la fragilización de un ser humano.
Cuando hablamos de salud mental nos referimos al concepto que define la Organización Mundial de la Salud: “Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Uno de los grupos más vulnerables a padecer problemas de salud mental son los niños, niñas y adolescentes (NNA), ya que su bienestar depende en gran medida, de que los adultos seamos capaces de generar entornos - familiares, escolares y comunitarios - protectores, respetuosos, estimulantes, que los visibilicen y reconozcan.
Un ejemplo es la situación que cotidianamente viven los jóvenes que sufren acoso y rechazo producto de su orientación sexual, identidad y expresión de género (OSIEG), quienes deben lidiar con la falta de reconocimiento, respeto y valoración de las comunidades de las que son parte.
Chile, a pesar de sus mejoras en diversos índices de salud pública, no ha logrado tener el mismo éxito en el abordaje integral de la salud mental, lo que nos mantiene, según diversos estudios internacionales, como uno de los países con mayor prevalencia de trastornos mentales, característica que se vincula a los recursos que el Estado destina para el tratamiento integral de enfermedades mentales, los cuales no superan el 3% del gasto total en salud.
Hoy, considerando las evidencias demostradas por los estudios, se hace urgente que el Estado asuma un rol más activo en el tratamiento de la problemática, que se agilice la discusión en el Congreso sobre la denominada Ley de Salud Mental, que comprometa diferentes ámbitos de la estructura gubernamental y que financie un Programa Nacional de Prevención de Suicidio.
Creemos que tanto en el sector educativo, como en la salud pública, se deberían crear planes y programas que aborden y prevengan el bullying, ciberbullying; entregue capacitación a la comunidad educativa - incluyendo padres y apoderados - y a los profesionales de la salud; poner al otro/a al centro del quehacer educativo, destacando el valor de la diferencia. Así como, capacitar en igual sentido a otros órganos del Estado, incluidos los poderes judicial y legislativo.
En el ámbito de la salud pública se hace urgente aumentar el presupuesto destinado a la salud mental; fortalecer el sistema de estadísticas y recolección de datos; involucrar a los centros de salud en el trabajo comunitario.
Además, de manera interministerial se deberían diseñar e implementar programas que potencien habilidades psicosociales y emocionales en los espacios de educación formal y no formal; otorgar un acompañamiento a las familias de NNA que contemple estrategias de intervención específicas para distintos momentos del curso de vida.
Desde la Fundación Todo Mejora hemos elaborado, en el marco de la caracterización de los usuarios de nuestro programa Hora Segura, propuestas específicas para la población infanto adolescente.
Finalmente, es importante señalar que hemos puesto énfasis en algunas de las acciones que el Estado puede realizar, y destacar, además, que no sólo el Estado debe asumir sus responsabilidades, también debe hacerlo la sociedad y la sociedad somos todos.
¿Qué hacemos por construir un mundo sin violencia, diverso, distinto, amable, en donde los problemas de salud mental sean tratados con la integridad y respeto que todo ser humano merece?, es una pregunta que requiere buscar respuestas en todos nuestros espacios, individuales y comunitarios.
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