Comercio ilegal de medicamentos: una amenaza crítica para la salud pública y seguridad del país

Mariela Formas García

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El comercio ilegal de medicamentos dejó de ser un fenómeno periférico en Chile. Las cifras lo muestran con claridad. Solo en 2025, Aduanas informó que los decomisos de mercancías que vulneraron normas de propiedad intelectual e industrial aumentaron un 8%, mientras que las incautaciones de productos con riesgo para la salud pública crecieron un preocupante 127%.

Estamos hablando de medicamentos: productos que inciden directamente en la salud y la vida de las personas. Sin embargo, hoy se comercializan abiertamente en redes sociales, Facebook y plataformas digitales que no cumplen ninguna de las exigencias sanitarias establecidas por ley. No existe trazabilidad, control de calidad ni farmacovigilancia.

Parte de esta expansión ha sido facilitada por los mecanismos excepcionales de importación individual, concebidos como una válvula de flexibilidad regulatoria para casos puntuales, bajo prescripción específica y en volúmenes acotados para uso personal. Sin embargo, lo extraordinario se ha vuelto habitual: se consolidan múltiples recetas en una misma importación, se ingresan cantidades que exceden el uso individual y se incorporan copias de medicamentos disponibles en el mercado nacional.

Pero el problema trasciende lo administrativo. El modelo desplaza la responsabilidad al paciente, mientras el Estado carece de capacidades suficientes para fiscalizar de manera sistemática la trazabilidad, composición, almacenamiento o farmacovigilancia de cada importación. En la práctica, se pierde control sobre qué medicamentos circulan, en qué condiciones y con qué estándares de calidad.

Tampoco se trata de un comercio informal espontáneo. El comercio ilícito de medicamentos funciona como una cadena organizada, que involucra intermediarios, redes logísticas y plataformas digitales, con dinámicas cada vez más cercanas al crimen organizado. A medida que estas redes se consolidan, adquieren capacidad financiera, diversifican sus riesgos y se adaptan a los controles. Su persecución se vuelve más compleja y costosa. Si no se interviene oportunamente, estos mercados tienden a conectarse con otras economías ilegales, fortaleciendo ecosistemas de impunidad.

Además, se erosiona la coherencia entre registro sanitario y patente vigente. El sistema formal exige evidencia clínica, estándares de manufactura, farmacovigilancia activa y respeto a la propiedad intelectual. Permitir que copias ingresen y compitan sin asumir esas obligaciones no solo pone en riesgo la seguridad sanitaria; también configura competencia desleal frente a quienes cumplen las reglas e invierten en investigación, desarrollo y control de calidad.

A ello se suma un factor estructural que no podemos ignorar. En Chile, a diferencia del grueso de los países de la OCDE, los medicamentos no forman parte integral de los planes de salud públicos ni privados. El resultado es un gasto de bolsillo que supera el 60% en el caso de medicamentos, generando incentivos evidentes para que muchas personas busquen alternativas más baratas fuera del circuito regulado.

En este escenario, con incentivos económicos altos y riesgo penal bajo, el comercio ilícito encuentra condiciones propicias para expandirse. Chile aún carece de una tipificación penal robusta para estos delitos, y el proyecto de ley que busca fortalecer su persecución permanece estancado en el Congreso.

Frente a un fenómeno que combina riesgos sanitarios, distorsiones económicas y redes criminales, la respuesta debe estar a la altura: reforzar los mecanismos de control, fortalecer al Instituto de Salud Pública con mayores recursos e inteligencia regulatoria, restringir los usos abusivos de los mecanismos excepcionales y avanzar en la incorporación progresiva de los medicamentos como parte esencial de los planes de salud.

Cuando el Estado pierde el control sobre la circulación de medicamentos, no solo se distorsiona el mercado. Se compromete la seguridad sanitaria del país. Y ese es un riesgo que Chile no puede normalizar.