El abismo entre metas globales y nuestra realidad: Chile sigue llegando tarde al VIH

Recientemente, delegaciones internacionales convocadas en Nueva York en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, firmaron una declaración política para poner fin al sida como amenaza de salud pública en 2030. Un avance que para el caso de Chile presenta brechas preocupantes para lograrlo. En la última década, el país ha experimentado un incremento del 86% en los casos de VIH, alcanzando casi 91 mil personas viviendo con el virus, según datos del Ministerio de Salud.

Este escenario nos sitúa ante un retroceso crítico que coincide con ajustes presupuestarios que amenazan la prevención. Cualquier recorte en salud pública golpea directamente los programas de diagnóstico y prevención, que es donde hoy se juega la verdadera batalla.

El ajuste del 2,5% al presupuesto de Salud, sumado a las alertas de ONUSIDA sobre cómo los recortes globales ponen en jaque años de avances, enciende las alarmas en el plano local. Esos ajustes golpean directamente a la Subsecretaría de Salud Pública, restando recursos clave para el diagnóstico y la prevención comunitaria. Aunque el tratamiento médico esté garantizado, asfixiar los fondos para buscar activamente nuevos casos es una profunda miopía económica. Lo que el Estado intenta "ahorrar" hoy debilitando la prevención, lo terminará pagando con creces mañana en tratamientos de alta complejidad en un sistema ya colapsado.

Pero, además, existe una deuda con la prevención y con la comunicación sobre VIH a través de mensajes que conecten con la población para asumir que se trata de un problema de salud que requiere atención y prácticas sexuales seguras.

El actual escenario donde hay ausencia de educación sexual integral y dificultades para acceder a insumos de prevención tales como preservativos, es terreno fértil para que persista la transmisión comunitaria del VIH, dado que existen 20 mil personas que no se están tratando.

La masiva participación en instancias comunitarias, como la Marcha del Orgullo en Santiago que reunió a más de 100 mil personas, donde AHF Chile entregó preservativos y realizó testeos rápidos, evidencia que la población demanda prevención activa. Pero estas acciones no pueden reemplazar la política pública. No podemos poner fin al sida como amenaza para la salud pública para el 2030 si seguimos tratando la salud sexual como un tabú o un ítem recortable. Chile necesita asumir este debate con madurez, financiamiento real y la convicción de que educar y diagnosticar a tiempo no es un gasto, sino el único camino posible para salvar vidas.