El derecho a la salud es feminista por definición dado que apunta a que todos, independiente de su edad, sexo, situación socio económica y ubicación geográfica, tengan garantizada una salud oportuna y de calidad. Desconocer esto es un grave error y es justamente lo que ha hecho el Gobierno y el ministerio de Salud con su reciente anuncio.
En primer lugar es utilizar la ola feminista que está viviendo nuestro país para resguardar y asegurar el lucro de las Isapres que les ha generado ganancias crecientes como el aumento de $55.646 millones de utilidades en 2016 a $70.577 millones en 2017, que se han construido históricamente en base a múltiples discriminaciones y entre ellas las de las mujeres.
En segundo lugar, ¿a quién está dirigida esta medida? A las mujeres que están dentro de las Isapres y a un pequeño porcentaje que actualmente está Fonasa y que podrá migrar, con la disminución de las barreras de ingreso, a una Isapre.
Independiente de este cambio de reglas igualmente la mayoría de las mujeres de nuestro país estarán en Fonasa. Y ¡Felicitaciones! Habremos acabado con la discriminación entre hombres y mujeres dentro de las Isapres pero mantendremos una salud para mujeres de primera categoría en Isapres y para mujeres de segunda categoría en Fonasa. Es decir, no las discriminaremos por ser mujeres, pero si por ser pobres.
El feminismo no está escindido del avance en la equidad en salud y, por lo tanto, los mayores costos que efectivamente tienen las mujeres y que a la vez tienen personas con enfermedades, no deben ser abordados en una lógica de seguros individuales como son las Isapres, sino que sus riesgos tienen que ser diluidos entre todas las personas que tienen menos costos.
Eso es un arreglo de seguridad social de verdad.
Lo que plantea el Gobierno es tapar el sol con un dedo y ocupar el feminismo para resguardar el lucro en salud.
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