El programa de salud de Jeannette Jara
El plan de salud de la candidata Jeannette Jara, contenido en su recién publicado programa Un Chile que Cumple, se presenta con la promesa de no ser una lista de buenas intenciones sino un plan técnicamente sólido y financieramente viable. Sin embargo, tras esa afirmación inicial, surgen interrogantes sobre la real factibilidad de algunas de sus medidas y la falta de especificidad en puntos clave.
Sobre los tiempos de espera, la candidata responde con la promesa de que nadie esperará más de seis meses por un examen; un año por atención de especialista o una cirugía, y solo 90 días en casos de enfermedades de alto riesgo. Para su logro, propone herramientas para la digitalización de los procesos clínicos, inversión en tecnología en atención primaria, mejoras en trazabilidad y alianzas público-privadas, además de un modelo de atención integrado en una sola consulta. Sin embargo, omite un aspecto clave: la formación y retención del personal sanitario, en regiones y zonas rurales. Chile arrastra hace años una escasez de especialistas, y ningún plan de digitalización puede compensar la falta de médicos, ni la sobrecarga del personal existente.
El programa, además, menciona alianzas público-privadas para resolver estos cuellos de botella, pero sin detallar su forma de gestión ni los mecanismos de control o equidad territorial. En otras palabras, no indica cómo se distribuirá el beneficio entre hospitales urbanos y rurales. Así, parece repetir la lógica de los convenios de resolución de listas de espera implementados en gobiernos previos, cuyos resultados han sido desiguales y, en muchos casos, concentrados en zonas metropolitanas.
La candidata también propone un aumento progresivo de la capacidad quirúrgica nacional de 50 mil cirugías anuales (150 mil en tres años), mediante la expansión de centros de resolutividad regional y de cirugía mayor ambulatoria (de 24 a 100 establecimientos). Si bien esto responde a una necesidad real, el programa no indica el costo por procedimiento ni la fuente de financiamiento, limitándose a repetir el eslogan de plan financieramente viable.
Más discutible es la idea de crear una red nacional de utilización pública, que se active cada vez que como gobierno requieran declarar una alerta sanitaria nacional. Aquí cabe una precisión técnica: la alerta sanitaria -según la legislación chilena-, solo puede declararse ante amenazas graves para la salud pública -brotes epidémicos, emergencias o aumentos inusitados de enfermedad-, y no como herramienta de gestión rutinaria. Convertirla en un instrumento operativo de redistribución de recursos sería una distorsión jurídica y administrativa, que podría abrir espacio a decisiones arbitrarias.
Al igual que las actuales y pasadas candidaturas, el programa apuesta por la transformación digital. Propone expandir el Hospital Digital, crear una aplicación Mi Salud con información médica de acceso universal y promover la interoperabilidad entre servicios. No obstante, no dedica una sola línea a la ciberseguridad, ni a la protección de datos personales. Esto es una omisión relevante, ya que la información médica es altamente sensible, por lo que la ausencia de un marco de resguardo y trazabilidad de datos compromete derechos básicos de los pacientes.
En materia de medicamentos, se afirma que una compra estatal eficiente generará ahorros de $120 mil millones y permitirá reducir el gasto de bolsillo en medicamentos para las familias en 10%. A pesar de ello, no se explica la metodología, ni la base de cálculo de esta cifra. Dada la magnitud del monto, sería indispensable que Cenabast rindiera una explicación pública del presunto malgasto del sistema actual.
A lo anterior, se suma un sistema de distribución a domicilio, sin costo para medicamentos, pero no se menciona quién lo ejecutará, ni su costo logístico. En la práctica, estos sistemas en otros países implican estructuras de distribución costosas y con riesgos de inequidad territorial, especialmente si se integran a un sistema fragmentado.
La propuesta, además, promete continuar el avance de la Atención Primaria de Salud Universal con más tecnólogos médicos, matronas y especialistas en centros de atención primaria, y la posibilidad de agendar citas en un plazo promedio de dos días hábiles, incluso con extensión de horarios hasta las 20:00 horas. Pero aquí surge una contradicción: el propio programa reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal de salud. Aumentar las horas de atención, sin resolver la falta de incentivos ni la sobrecarga laboral puede agravar los niveles de agotamiento del personal, más que aliviarlo.
En salud mental, el programa declara que es prioridad nacional. En la propuesta, se incluyen más camas psiquiátricas para niños y adolescentes, 25 nuevos Cosam y expansión de la telepsiquiatría. Pero no se especifica si las camas serán nuevas o reconvertidas desde otras prestaciones hospitalarias, lo que cambiaría radicalmente su impacto. Tampoco se aborda cómo se cubrirá el déficit de psiquiatras y psicólogos clínicos en el sistema público. Lo mismo ocurre con la estrategia integral contra el cáncer, que promete 10 nuevos centros ambulatorios y una gestión centralizada. Sin embargo, no hay mención al financiamiento ni a la coordinación con las redes ya existentes.
Finalmente, reaparece la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa con copagos predecibles, un proyecto que fracasó en su licitación inicial. La propuesta, lejos de ser innovadora, hereda un historial de obstáculos administrativos, cuya resolución no se explica.
En definitiva, Un Chile que Cumple presenta un diagnóstico con un conjunto de medidas deseables, pero insuficientes en su ingeniería de ejecución. Las promesas dependen de condiciones estructurales -financiamiento, recursos humanos, y capacidad institucional-, que el documento apenas menciona. La implementación de políticas sociales no falla por falta de ideas, sino por un déficit de gestión, coordinación y evaluación. Como bien sugiere su propio lema, el desafío no es prometer más, sino cumplir lo prometido. La falta de detalles concretos en la financiación y la gestión del recurso humano condena a este programa a mantenerse, por ahora, en el terreno de las buenas intenciones.
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