Más allá de la planilla Excel: educación, brechas y salud

La educación posee la potencia para cambiar vidas, transformar sociedades, modificar conductas, enriquecer lo colectivo. El país tiene una larga tradición de normativas y políticas que favorecen una escolaridad inclusiva y de calidad, basta recordar el "gobernar es educar" del presidente Pedro Aguirre Cerda, haciendo énfasis en la misión social de la enseñanza sin restricciones o, una política más reciente, como la gratuidad en la educación superior que, a pesar de cuestionamientos, sigue impactando a nivel individual, familiar y comunitario.

Según el reciente Censo, los años de escolaridad a nivel nacional en personas de 18 años o más se ha incrementado de 8,7 años en 1992 hasta 12,1 años el 2024, no existiendo diferencias entre sexos. Sin embargo, este promedio no es homogéneo, siendo menor en personas con discapacidad y pueblos originarios, por lo que cualquier modificación en la educación, no afecta de igual manera a la ciudadanía, acrecentando desigualdades.

Es un hecho que la educación no solo es un poderoso motor de movilidad social que disminuye o elimina brechas, sino que también favorece conductas saludables, contribuyendo a comunidades con mejores resultados de morbimortalidad.

La evidencia señala a la escolaridad como uno de los determinantes sociales de la salud, tanto es así que las poblaciones que tienen acceso facilitado a una educación de calidad tienen más probabilidades de gozar de buena salud. Por eso, cualquier gasto que los estados realicen en educación es una inversión para el futuro de los países.

Las oportunidades en educación no son solo beneficios sociales, son posibilidades, herramientas, oportunidades tanto a nivel individual como comunitario. Determinan también, una mejor comprensión de las recomendaciones del equipo de salud, favorecen la autoeficacia, la adopción de estilos de vida saludable, además de influir en los ingresos económicos y oportunidades laborales, mejorando la calidad de vida.

Al revisar las cifras de la última Encuesta Nacional de salud 2016-2017, observamos un país con importantes inequidades y diferencias según años de escolaridad, sexo y edad en la frecuencia de enfermedades crónicas, en la presencia de factores de riesgo y en las medidas de autocuidado.

Tanto a nivel nacional como internacional, se reafirma que las desigualdades en salud afectan negativamente a grupos de personas con menor nivel educacional. Por tanto, las políticas públicas en educación y en salud, impactan en otros aspectos y deben ser diseñadas y evaluadas para garantizar el bienestar, el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades de la población.

Resulta primordial recordar que cada decisión en políticas de educación es también una decisión que repercute en la salud de la población.

Eliminar beneficios o estrategias que facilitan y enriquecen las trayectorias educativas de las niñeces más vulnerables, tiene efectos que no aparecen en una hoja de cálculo. Sin embargo, estos recortes determinan condiciones de vida y de salud futuras menos favorables.

El desafío es avanzar hacia políticas públicas y estrategias que integren la mirada social, asegurando que la decisión no sea basada solo en cuánto se ahorra hoy, sino como se contribuye a la equidad y el bienestar futuro. Toda decisión que recorte gastos en educación también es un recorte en salud.