Hace dos meses, el ejecutivo y la oposición mantuvieron un nutrido intercambio en los medios de comunicación con respecto a la responsabilidad detrás de la falta de proyectos aprobados a más de tres meses de instalada la nueva administración. Se le denominó coloquialmente la sequía legislativa. Por supuesto, para la mayoría de nuestras(os) compatriotas este tipo de discusiones se plantean lejanas y sin correlato para la percepción de un cambio a corto plazo que les permita mejorar su calidad de vida.
Frente al debate sobre el por qué los proyectos a los cuales el Gobierno le puso suma urgencia no habían avanzado, uno en particular causó polémica por las indicaciones del ejecutivo al Boletín N° 9.914-11 iniciado en moción por los senadores Girardi, Goic, Ossandón, Rossi y Zaldívar, sobre la venta de medicamentos que no requirieran prescripción médica en góndolas.
Ad portas de la publicación del informe de la Comisión para un Gran Acuerdo Nacional de Salud, no solo el trascendido Fondo Nacional de Salud (Fonasa) Plus será parte del debate de académicos, técnicos, afiliados e incumbentes del sector salud.
La lógica sobre el rol de los medicamentos en un sistema de salud, será también insoslayable en la discusión de fondo de la propuesta. En el caso de los medicamentos, nos hemos enfrentado a una anomalía de la seguridad social normalizada en nuestra sociedad: no todos los medicamentos son cubiertos por el seguro público obligatorio en salud.
Por supuesto, existen excepciones en el caso de las patologías GES y la Ley Ricarte Soto.
Para las personas que eligieron, en razón de sus ingresos, la administración del seguro público obligatorio en salud por parte de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE), los medicamentos prescritos en atenciones ambulatorias deben ser adquiridos, sumándose ya al pago del bono de la consulta.
En el caso del FONASA, la población que accede a la dispensación de medicamentos sin incurrir en gasto de bolsillo está constituida por los afiliados al FONASA inscritos en un centro de atención primaria de salud, independientemente de su tramo (A-B-C-D).
No obstante, los tramos C y D y de mayores ingresos, deben recurrir principalmente al gasto de bolsillo cuando hacen uso de la Modalidad de Libre Elección del FONASA en doble instancia: compra del co-pago o bono y de los medicamentos en caso que le hayan sido prescritos.
Dicho mecanismo no solo ha consagrado la libre competencia y el poder de la industria farmacéutica en Chile, sino también ha sido una variable generadora de inequidad.
Lo anterior, resulta paradojal desde una perspectiva de seguridad social cuando un administrador del seguro público y obligatorio ha funcionado por décadas con un sistema similar al de las ISAPRES. Más aún, incluso el grupo de población que tiene acceso a medicamentos a través de la atención primaria, incurre en gasto de bolsillo.
Una población saludable es la que requiere un menor uso de medicamentos para mantener su estado de salud a lo largo de su ciclo vital.
Sin embargo, hemos construido una percepción inocua sobre los efectos de los fármacos en la salud de las personas y en donde el acceso a los medicamentos no se analiza desde su impacto sanitario en la población.
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