Una reforma necesaria

Sergio Gahona Salazar

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El anuncio comprometido por el Gobierno, de presentar una reforma a la salud los primeros días de octubre, sin duda es uno de los desafíos más grandes que tiene el Ejecutivo en cuanto a la implementación de políticas públicas de aquí a que termine su período. Tras la aprobación de la ley corta de Isapre, los tiempos apremian y, como lo advertimos desde el primer día, su tramitación en ningún caso erradicaba la profunda crisis por la cual atraviesa el sistema de salud, sino que era tan solo un alivio normativo para que millones de afiliados no se quedaran sin un lugar donde atenderse.

Ahora bien, en el contexto de la presentación de una nueva reforma, se conformó un comité de expertos para la reforma a la salud -un equipo técnico y transversal de profesionales destacados en el área-, quienes ya entregaron un informe que proporciona orientaciones para el trabajo legislativo que debe darse entre el Gobierno y Congreso. ¿Pero qué se busca con esto? Decisiones de este tipo responden a la idea de desechar cualquier ideologización política al momento de poner sobre la mesa ciertos temas. Es decir, que lo que prime sea la salud de chilenas y chilenos.

En primer lugar, el Plan Universal de Beneficios (PUB) es fundamental para que las personas cuenten con herramientas dentro del sistema de salud que les permita proteger y exigir sus derechos. Al mismo tiempo que asuman responsabilidades en la promoción de una vida saludable y sostenible. La ausencia de un plan de beneficios claro y exigible ha limitado estos derechos, por lo que se recomienda la implementación progresiva del PUB, aplicable tanto a Fonasa como a las isapre. Además, se vuelve crucial para cumplir con la citada ley corta, que busca resolver problemas persistentes como las preexistencias y exclusiones de acceso.

También están las Reformas a la Operación y Financiamiento del Sistema de Salud (Fonasa e Isapre). Por el lado de Fonasa, se requiere realizar los cambios legales necesarios para que tenga mayores potestades como órgano asegurador. Esto incluye mejorar el financiamiento de la Atención Primaria de Salud (APS) y la distribución eficiente de recursos a hospitales y prestadores de salud. Asimismo, introducir una nueva gobernanza en Fonasa para mejorar su desempeño y autonomía. En esta línea, se propone mayor independencia en la toma de decisiones y en la implementación de políticas que aseguren una mayor calidad y eficiencia en la prestación de servicios.

Mientras que, en el caso de las isapre, las reformas se centran en corregir problemas históricos y alinear el sistema con los principios de la seguridad social. Los cambios incluyen: Eliminar las preexistencias, es decir, la discriminación en la afiliación a las Isapres basada en el estado de salud previo del beneficiario. Esto permitirá que personas con enfermedades crónicas o preexistentes puedan acceder a una cobertura adecuada sin ser excluidas. Modificar las reglas de tarificación y precios, eliminando la diferenciación por edad y género en los costos de los planes de salud. En este caso, se propone que las Isapres ofrezcan el mismo Plan Universal de Beneficios (PUB) que Fonasa, asegurando que todos los asegurados tengan acceso a las mismas prestaciones.

Estas reformas buscan alinear los sistemas de salud público y privado en una lógica de equidad y seguridad social, asegurando un acceso más equitativo a la salud y una distribución justa de los recursos y riesgos en ambos sistemas. Además, con la implementación de estas medidas, se espera que el sistema de salud privado en Chile evolucione hacia un modelo más inclusivo y sostenible, donde chilenas y chilenos tengan la oportunidad de recibir una atención médica que necesitan, merecen y oportuna.