VIH ¿La batalla perdida en Chile?
El pasado 1 de diciembre, se cumplieron 30 años de la conmemoración del Día Mundial del SIDA, fecha que nos permite recordar a todos quienes murieron a causa de este mal, como también analizar los avances que hemos experimentado y desde luego, levantar un diagnóstico que nos permita establecer con cierta nitidez los desafíos y brechas que tenemos como país en esta materia.
Es así como nos hemos enterado de las alarmantes cifras que aquejan a la población chilena pues, según ONUSIDA en su informe anual, en Chile se constata el mayor aumento de transmisiones dentro de América Latina, llegando a un 34% en los últimos seis años. Esto contrasta con la realidad del resto de países de la región en donde el número de infectados ha ido progresivamente disminuyendo.
Las razones de este preocupante aumento pueden ser muchas, pero al menos dos de impacto directo.
La primera que vemos es aquella que dice relación con la supeditación o invisibilidad de las Infecciones de Transminsión Sexual (ITS). Desde la vuelta a la democracia, el abordaje del uso del preservativo se centró principalmente en la prevención del embarazo no deseado.
Aun cuando esta mirada logró separar la práctica sexual con la tarea reproductiva, dejó en un segundo plano la transmisión de infecciones de transmisión sexual y con ello, se terminó desplazando del inconsciente colectivo, incluso hasta la actualidad, la noción de las ITS como factor crítico en la salud sexual y reproductiva.
Esto se ve claramente representado en algunas cifras de la Octava Encuesta Nacional de la Juventud (2015) donde, por ejemplo, el 87% de los jóvenes declaró usar preservativo para prevenir el embarazo.
Una segunda explicación se da por el enfoque de la política pública aplicada por el Estado, a través del ministerio de Salud, se ha concentrado principalmente en la prevención del contagio del VIH en base a cambios de conducta, lo que, a la luz de los hechos, no es suficiente.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos reconocer que la modificación de la ley N°19.779 impulsada por la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, en donde se otorga autonomía en el acceso a la detección del VIH a adolescentes y jóvenes entre 14 y 18 años, constituye un primer paso para la detección y tratamiento oportuno de esta infección, pues mientras más temprano se realice el diagnóstico, mayores son las probabilidades de mejorar la calidad y la expectativa de vida.
Pero esta modificación normativa debe ir acompañada de voluntad política, toda vez que para su ejecución se requiere de más recursos dirigidos de manera eficiente y eficaz a los Centros de Atención Primaria de Salud.
Un ejemplo de ello son los fondos del programa “Apoyo a la Gestión a Nivel local en atención primaria municipal: Transmisión vertical VIH- Sífilis” del ministerio de Salud, que no resultan ser suficientes para la contención de las necesidades que la población experimenta en esta materia.
Es por ello que señalamos la importancia de que toda modificación normativa relativa al VIH- SIDA, debe tener como soporte la decisión y voluntad política de las autoridades. De lo contrario, solo será un anuncio vacío, pirotécnico y efectista.
Prueba de ese efectismo y lo lesivo que resultan ser en estas materias, los anuncios carentes de genuina voluntad política, es el retraso en la implementación del Plan Nacional de Prevención del VIH/SIDA, anunciado por el Ministro Santelices en mayo de este año con una inusitada agenda comunicacional.
Lo cierto es que a la fecha no ha mostrado ningún avance o resultado, lo único de lo cual hemos tenido noticia es de la renuncia de la encargada del Departamento de VIH del Ministerio de Salud, Ana María San Martín.
Claramente este tipo de situaciones no son una buena señal para la comunidad, pues los ciudadanos delegamos en las autoridades la responsabilidad en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas públicas y cuando éstas no actúan conforme a los esperado por la ciudadanía y sobre todo en materia de salud, dañan no solo la fe pública, sino que la vida de las personas.
El informe de ONUSIDA nos deja con el sabor amargo de la posibilidad de una batalla perdida en Chile contra el VIH. Una alarma de la que debemos hacernos cargo, por cierto.
También nos deja una inquietud y un desafío como país, que nos obliga a resituar la importacia de contar con una batería de políticas públicas que vayan directamente a impedir el avance de esta enfermedad y, por cierto, a tener autoridades que le den la importancia que amerita un mal que afecta a muchas personas, principalmente a los más jóvenes.
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