¿Qué estamos haciendo para detener este espiral de violencia? ¿Cómo hemos llegado al punto en que las armas de fuego se apoderan de nuestro día a día?
Es impactante ver cómo, en los primeros meses de este año, el uso de armas de fuego se ha convertido en una dolorosa realidad cotidiana. Recordemos los horribles casos de niños y niñas celebrando un inocente cumpleaños, sólo para ser sorprendidos por la violencia de balaceras; o jóvenes que caminan por la calle y se encuentran con disparos indiscriminados; o el adolescente de 16 años baleado en Maipú, simplemente por estar parado fuera de su casa. La situación es grave y requiere una respuesta inmediata.
Es evidente que el control de armas es crucial para detener esta ola de violencia, como lo confirma la evidencia. Las armas deben estar en manos de las autoridades encargadas de la seguridad pública y que poseen el monopolio de la fuerza: las policías. No deben estar en manos de quiénes, bajo el falso pretexto de mayor seguridad, terminan poniendo en peligro a todas y todos. Es urgente implementar un control efectivo y una gestión oportuna de las armas en el país, especialmente ante el riesgo creciente de que caigan en manos del crimen organizado.
La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, es la institución encargada de supervisar y controlar las armas en Chile. Sin embargo, en el informe de 2021 de la Contraloría General de la República (CGR) con los resultados de la auditoría realizada en 2019, se constataron gravísimas situaciones asociadas a la falta de control en inscripciones de armas. Inscripciones de armas a nombre de niños, niñas y adolescentes; o a nombre de personas con antecedentes penales, incluyendo por violencia intrafamiliar. Además, se constataba la inscripción insólita de más de 10 mil armas sin RUT asociados e incluso más de 180 mil armas registradas a individuos fallecidos, o sin comprobación de domicilio.
El informe de seguimiento presentado por la Contraloría en octubre de 2023 deja en claro que estas irregularidades persisten, a pesar del tiempo transcurrido desde la primera fiscalización. ¿Cómo podemos esperar reducir los niveles de inseguridad y violencia en nuestro país si la institución encargada de controlar las armas no está cumpliendo adecuadamente su función? Desde la DGMN y Carabineros argumentan que no pueden cumplir con su labor fiscalizadora por falta de recursos. Sin embargo, sí existe presupuesto asignado que debe ser utilizado con ese fin. Aunque no hemos podido acceder a la información que dé cuenta de cómo se rinden los fondos asignados de fiscalización. Claramente no se ha comprendido el alto riesgo asociado y las consecuencias nefastas que pudiese desencadenar la ausencia de medidas de supervisión estrictas y oportunas sobre las armas y explosivos.
Además, durante una sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas, la ministra Tohá dio cuenta de la relevancia que se le está dando al tema y que la fiscalización ha mejorado. En efecto, se ha avanzado; pero no es suficiente. El informe de Contraloría es una muestra de que aún queda mucho camino por delante.
Un arma es más que un objeto; representa un peligro inminente. Necesitamos información precisa y una supervisión estricta para abordar de manera efectiva el terror que las armas han traído a nuestro país. Porque aspiramos a ser una sociedad libre de armas, libre de miedo.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado