El bullado caso Audios ha dejado al descubierto varias falencias en nuestro sistema judicial y carcelario. La inexistencia de un centro penitenciario similar a Capitán Yáber, pero dedicado a específicamente a mujeres que hayan cometido delitos económicos, deja de manifiesto la falta de planificación respecto de los lugares donde las personas concurren cuando se encuentran privadas de libertad, así lo ha manifestado en varias ocasiones la abogada de la imputada Leonarda Villalobos. Este problema también tiene otra arista, que se relaciona con las personas en situación de discapacidad que se encuentran privadas de libertad.
Convengamos en que la justicia debe operar para todos y también para las personas en situación de discapacidad, cuando existe comisión de delitos por parte de éstas. Ahora bien, la forma de operar de la justicia tiene que ser en igualdad de condiciones y este principio muchas veces no se observa cuando por ejemplo una persona en situación de discapacidad debe ser trasladada en un carro policial, que no cuenta con las adaptaciones para que suba una silla de ruedas o se encuentra recluida en un centro penitenciario sin accesibilidad.
Es un avance significativo que Gendarmería de Chile haya publicado la resolución exenta 8411 del 11/12/2023, la cual instruye sobre el respeto y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Con esta medida, se espera que el principio de igualdad de condiciones se materialice, permitiendo que estas personas cumplan sus condenas en un entorno accesible y con mayores oportunidades de reinserción. Es importante considerar, además, que un alto porcentaje de personas adquieren una discapacidad justo antes de ser sentenciadas o debido a accidentes o condiciones mentales que se desarrollan durante su reclusión.
La igualdad no solo se refleja en el respeto a los derechos básicos, sino también en la voluntad de construir un entorno inclusivo, tanto en los detalles cotidianos como en las decisiones audaces. La cárcel es un lugar al que nadie desea enfrentarse y aunque no sea un escenario deseable, es una realidad que forma parte fundamental de nuestra sociedad, y en ella deben asegurarse tanto la accesibilidad como la equidad de género. Ignorar esta responsabilidad es fallar en la construcción de una justicia verdaderamente inclusiva.
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