Crisis de confianza pública: la universidad en la reconstrucción de legitimidad institucional
El sentimiento de confianza se ha visto plagado de desilusión. Cuestión relevante si entendemos que la confianza es un soporte ético para la vida en una sociedad justa, cimentada en la articulación honesta y la actuación vinculante, mediada por normas comunes, consensuadas y compartidas.
En América Latina y el Caribe, la desconfianza pública es un problema consistente desde los últimos 30 años, mellando no solo procesos democráticos, sino también el crecimiento económico, la innovación y la colaboración social. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2024 destaca que una de cada cinco personas expresa confianza gubernamental.
En nuestro país, la Encuesta Bicentenario muestra que solo 30% de chilenos/as confía en el gobierno nacional, superado por el 36% que aboga por los gobiernos locales. Fenómeno que golpea a instituciones políticas, al Poder Judicial, al Parlamento y a los partidos políticos, por la alta percepción de corrupción, falta de transparencia e integridad.
Lo anterior viene acompañado de la sensación colectiva de vivir en un país con persistente desigualdad, bajos umbrales de oportunidad, sensación constante de inseguridad, progreso del crimen organizado y la incivilidad. Todas dinámicas que traen consigo la idea generalizada de que el Estado, las autoridades e instituciones no garantizan estabilidad, ni promueven una real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre cuestiones sociales y de vida cotidiana.
El estudio "Confianza institucional en Chile: un desafío para el desarrollo", llevado a cabo por CEP, sostiene que la desconfianza en las instituciones junto con desincentivar la cooperación económica y social deteriora el sentido de responsabilidad cívica, generando desafección política y desesperanza. Asunto agudizado con el estallido social, la pandemia Covid-19 y el fallido proceso constitucional.
El aumento de confianza en las instituciones requiere agendas claras, transparencia, y reformas contra la corrupción, con participación ciudadana incidente y principios de equidad y justicia social. Así, la ciudadanía se sentirá parte de los cambios que Chile necesita.
En este marco, la educación superior forma profesionales críticos, responsables y comprometidos con soluciones a problemas complejos. Es clave potenciar líderes dialogantes que, desde el respeto a los derechos humanos, promuevan el debate público, la educación cívica y la participación ciudadana, contribuyendo al bienestar social y económico.
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