Diez años después: Chile rinde cuentas con deudas urgentes en discapacidad
Después de 10 años, Chile se presentará nuevamente ante la Organización de Naciones Unidas para rendir cuenta respecto de la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el comité respectivo. La cita tendrá lugar en agosto y estará marcada por asuntos que afectaron a las personas en situación de discapacidad durante la crisis social de 2019 y la pandemia que inició en 2020, además de otros puntos críticos, en los que ha habido escasos avances durante todo este tiempo, afectando la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
En el semáforo de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Chile de la Fundación Chilena para la Discapacidad, se observan a lo menos 3 artículos que tienen un resultado preocupante en la aplicación en nuestro país.
El que debiera llamar mayormente nuestra atención, dice relación con la toma de conciencia. Proceso que, a partir de acciones coordinadas desde el Estado, debiese permitir una mayor valoración de las capacidades de las personas en situación de discapacidad y promover una cultura de respeto. Pero en todo este tiempo, nuestro país no ha desarrollado acciones sistemáticas que permitan eliminar los estigmas que existen sobre las personas en situación de discapacidad, ni las preconcepciones ni actitudes negativas que les afectan.
La especial atención que debiese otorgarse a las mujeres en situación de discapacidad, es otro asunto preocupante, sobre el cual existen escasos avances, aun cuando durante el proceso de implementación de la convención, han estado en el poder dos gobiernos que se han declarado abiertamente como feministas, y obviamente, la declaración no fue suficiente para atender a este compromiso internacional.
Resolver las vulneraciones que se generan con el actual sistema de interdicción y el no reconocimiento de la capacidad jurídica de algunas personas en situación de discapacidad, es un asunto que no ha tenido avances concretos, más que algunos proyectos de ley que continúan empolvándose en algún escritorio, esperando ser parte de la agenda legislativa. En este ámbito en particular, pareciera ser que no existe una comprensión completa de la importancia de avanzar hacia un sistema de apoyos y salvaguardas, que permita el respeto a la autonomía y a la autodeterminación de las personas en situación de discapacidad en el ejercicio de su vida civil.
Será el gobierno actual, del Presidente José Antonio Kast, el que a nombre del Estado de Chile deberá dar respuesta a diversas inquietudes, derivadas de recomendaciones y una lista de cuestiones previas emitidas por el comité. Es de esperar entonces, que además de entregar respuestas completas y fundadas, se asuman compromisos que permitan una mejora real en la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad.