El frío no discrimina, pero las políticas sí
Hay personas durmiendo estas noches en las calles de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. No es una metáfora. Es un hecho concreto, repetido cada invierno, que ocurre a pocos metros de los lugares donde la Fundación Cerro Navia Joven abre sus puertas, a las 8:30 de la mañana.
Chile tiene, según el Censo 2024, al menos 21.750 personas viviendo en situación de calle -un número que se incrementó en más de 100% en siete años. Solo en la Región Metropolitana son más de 8.400. Son cifras oficiales y probablemente subrepresentadas: organizaciones especializadas estiman que la cifra real podría duplicarse, porque el registro depende del autorreporte voluntario y muchas personas nunca aparecen en ninguna base de datos. Llevamos décadas contando mal a quienes el sistema no quiere contar.
Al recorrer las calles de nuestro territorio hemos sido testigos, con dolor, de lo que está ocurriendo. Hemos visto el frío calar en cuerpos que no tienen dónde protegerse. Hemos visto la violencia con que se desaloja a personas del único lugar que ocupan en el mundo. Y hemos visto avanzar una estigmatización peligrosa, que mete a todos en el mismo saco: no todas las personas en situación de calle venden drogas, ni padecen una discapacidad psíquica. Son personas con historias distintas. Despidos, duelos, deudas, familias que se quebraron y reducirlas a una caricatura solo sirve para justificar el abandono. La pregunta que debemos hacernos como sociedad es incómoda pero ineludible: cuando tomamos estas medidas, ¿qué soluciones estamos ofreciendo a cambio?
El Estado tiene herramientas. El Código Azul, iniciado a principios de julio como parte del Plan Protege Calle, se activa cuando la temperatura baja de cero grados o cuando hay precipitaciones con frío extremo. Envía rutas móviles con alimentación, abrigo y atención básica. Abre albergues de emergencia por 24 horas. Es una respuesta. Pero es una respuesta insuficiente.
Primero, porque depende del termómetro: hay noches de cuatro grados que matan igual, que no activan ningún protocolo. Segundo, porque los albergues tienen cupos limitados y la derivación es voluntaria, lo que deja fuera a quienes no confían en las instituciones o tienen situaciones de salud mental que dificultan el acceso. Tercero, porque el Código Azul opera en comunas seleccionadas, y Cerro Navia, una de las zonas con mayor vulnerabilidad social de la región, no está en esa lista.
Proteger la vida no puede ser una medida de emergencia, tiene que ser una política permanente, con financiamiento real para las organizaciones solidarias de la sociedad civil y con la voluntad política de reconocer que este problema no se resuelve con un albergue temporal: se resuelve con vivienda, con salud mental accesible, con redes de apoyo que no desaparezcan cuando suben las temperaturas.
Porque lo que se ha instalado es una lógica punitiva que castiga la pobreza en lugar de resolverla. La destrucción de rucos -esas precarias construcciones de cartón, madera y nylon que son, para quien las habita, su única casa- se ejecuta sin discriminar entre quienes cometen delitos y quienes simplemente no tienen otro lugar donde estar. Se arrasa con las pertenencias de personas que no han hecho nada más que ser pobres: sus frazadas, sus documentos, sus remedios, los pocos objetos que las conectan con su propia historia. Un operativo puede desmantelar un ruco en minutos, pero no construye en su lugar ninguna alternativa. La persona sigue ahí, más despojada que antes, más lejos de las instituciones que dicen querer ayudarla. El punitivismo produce la ilusión de orden; lo que no produce, nunca, es una solución.
En el territorio de Barrancas hay organizaciones que llevan décadas haciendo lo que el Estado no hace, o no llega a hacer. La Fundación Cerro Navia Joven es una de ellas. Con más de 32 años de presencia en la zona, acompaña cada semana a casi 500 personas mayores que son, muchas veces, las más invisibles de los invisibles: mayores solos, sin redes familiares, en viviendas precarias donde el invierno también entra sin permiso.
El trabajo comunitario no es un sustituto del Estado. Es lo que existe mientras el Estado decide si va a tomarse esto en serio. Y lo que dice ese trabajo, desde adentro, es que el problema es más grande de lo que aparece en los titulares de julio, y que la solución tiene que ser más profunda que un Código Azul.
Como escuchamos tantas veces en el territorio: "Vivir en situación de calle no es solo enfrentar el frío, el hambre o el peligro constante; es también lidiar con la dolorosa sensación de ser invisible para el resto de la sociedad". Este invierno, como todos los inviernos, alguien va a morir de frío en una ciudad que tiene los recursos para evitarlo. Lo que falta no es el dinero. Es la decisión.