Más inclusión, menos burocracia: que el Estado funcione
Chile habla de inclusión, pero no la garantiza. Tenemos leyes, reglamentos y convenciones con un débil cumplimiento, además de discursos emotivos cada 3 de diciembre y en el marco de la campaña televisiva de la Teletón, que no pasan a la acción. El Estado declara, pero no ejecuta. ¿De qué sirve tener el derecho si no se puede ejercer?
En este contexto, el Plan Chile para Todos, impulsado por José Antonio Kast, apunta a lo que realmente falla: la gestión pública. No propone más leyes, sino algo más simple y urgente: menos burocracia, menos espera, más fiscalización y más eficiencia. No promete una inclusión simbólica, más bien, traza lineamientos prácticos para una Inclusión real.
Las propuestas del candidato contribuyen directamente al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). De acuerdo al Semáforo de cumplimiento del Observatorio de la Fundación Chilena para la Discapacidad (2025), el ámbito de la educación inclusiva se encuentra en amarillo en consideración a que si bien existe una normativa solida es necesario avanzar mediante formación y certificación docente, y una articulación entre Escuela regular, escuela especial y centros de apoyo, medidas incorporadas en sus propuestas.
En el ámbito de la inclusión laboral, el semáforo también se encuentra en amarillo, puesto que se requiere disminuir la rotación y mejorar la proyección laboral de trabajadores con discapacidad, lo que Kast aborda poniendo énfasis en la implementación del empleo con apoyo y en aumento de la fiscalizaciones de las normativas vigentes.
La toma de conciencia sigue siendo un ámbito no abordado por el Estado chileno, lo que se evidencia con un semáforo en rojo, que da cuenta del escaso trabajo realizado para promover la inclusión y la valoración de las capacidades de las personas con discapacidad. Este ámbito en particular, es abordado de forma transversal en las propuestas de Kast, asumiendo un rol activo en el reconocimiento de un Chile para Todos.
La consigna es clara, el problema no se administra, el problema se resuelve. Aunque hoy la realidad es distinta, pues existen instituciones que viven administrando los problemas, pero sin la voluntad ni el interés de resolverlos, manifestando ideologías y no ejecutando lo que las normas nacionales e internacionales mandan. De esta forma, la política pública se mueve en el terreno del discurso vacío. Chile no necesita hablar de inclusión, necesita que el Estado trabaje y rinda cuentas. La discapacidad no requiere compasión ni marketing institucional; requiere orden, seguimiento y resultados.
Menos ceremonias, menos firmas, más cumplimiento. La verdadera inclusión es una sola: que el Estado funcione.
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