Ocho años esperando: la ley de inclusión laboral que el nuevo gobierno no puede ignorar
El 1 de abril de 2018 entró en vigencia la Ley 21.015. Ocho años después, más del 60% de las personas con discapacidad en edad de trabajar sigue fuera del mercado laboral. Esa cifra prácticamente no se ha movido. Algo está fallando, y ya no es aceptable seguir mirando para el lado.
La ley obliga a empresas con 100 o más trabajadores y a organismos públicos a contratar al menos 1% de personas con discapacidad. En la práctica, sólo el 36% de las empresas regidas por esta norma ha declarado cumplimiento. Y declarar, hay que decirlo, no es lo mismo que incluir. Muchas prefieren pagar multas o hacer donaciones antes que abrir sus puertas. En términos simples: compran su derecho a excluir.
Otras empresas sí quieren contratar, pero chocan con barreras estructurales reales. El 42% cita como principal obstáculo la dificultad para encontrar perfiles con los requisitos técnicos del cargo. Pero esa barrera tiene historia: es el resultado de décadas de exclusión educativa desde la primera infancia, y de procesos de selección diseñados sin ajustes razonables ni perspectiva de derechos. La exclusión laboral no nace en la empresa llega ahí después de años de exclusión acumulada.
Los números son elocuentes. Según la encuesta Endide 2022, hay 2.703.893 personas con discapacidad en edad de trabajar en Chile. Y la inequidad no es sólo una: las mujeres con discapacidad representan el 21,9% de esa población, pero sólo el 35% de quienes efectivamente son contratados. Una doble brecha que además viene acompañada de una brecha salarial. Incluir a medias también es excluir.
Chile tiene una ley. Lo que ha faltado es voluntad política para hacerla cumplir de verdad.
El nuevo gobierno llega con una oportunidad concreta. En 2024, desde Fundación Ronda, junto a la senadora Paulina Núñez y con apoyo transversal en el Senado, impulsamos un proyecto de acuerdo pidiendo al gobierno anterior avanzar en una reforma que abordara las brechas en género, descentralización, intermediación laboral y educación. No ocurrió. La urgencia no desapareció con el cambio de mando, se traspasó.
Hoy le decimos al gobierno del Presidente Kast que el reloj lleva ocho años corriendo. Reformar esta ley no es un tema técnico menor: es una decisión política sobre qué país queremos ser. Uno que trata la inclusión como un favor, o uno que la entiende como un derecho. Dos millones setecientas mil personas están esperando esa respuesta.