Sin fiscalización no tendremos una real inclusión

Matías Poblete

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Son cinco los años que ya tiene la ley 21.015 que, entre otras cosas, incentiva la contratación de personas con discapacidad en entidades públicas y privadas que tengan 100 colaboradores o más.

A la fecha, existe descontento en el mundo de la discapacidad respecto de cómo se ha cumplido esta normativa. Con un escaso nivel de contrataciones en el sector privado y con una mucho menor participación laboral de personas con discapacidad en el sector público.

Ante esta realidad, suena inoportuno y desproporcionado el hecho de querer aumentar de 1% a 2% la obligación de contratar a personas con discapacidad, pues el problema no radica en el porcentaje de contrataciones que realizan las entidades públicas y privadas, sino que tiene que ver con el escaso cumplimiento de las instituciones, en el sentido de aquellas que hoy no cumplen con la contratación de personas con discapacidad.

Así entonces, es muy probable que aquellas entidades públicas y privadas que hoy cumplen contratando personas con discapacidad sean las mismas que mantengan su compromiso, una vez que la cuota de contratación aumente, sin embargo, aquellas entidades públicas y privadas que hoy no contratan a personas con discapacidad seguirán manteniendo la misma conducta.

Es evidente entonces, que se requiere mayor fiscalización, y esta debe contar con un panorama oportuno respecto del cumplimiento de esta normativa, lo cual, no se logrará del todo, ni siquiera con la propuesta actual que se discute en el Parlamento, pues los recursos destinados para ello son insuficientes dada la complejidad que implica llevar adelante esta tarea.

Y si bien, hoy los recursos para la fiscalización son aún menores, la situación no cambiaría mucho con la propuesta actual, más bien, para que la situación mejore se debe destinar a lo menos el doble del presupuesto comprometido y, por cierto, debe existir un compromiso real de la Contraloría General de la República para fiscalizar en el sector público los alcances de esta normativa.

Es imprescindible poner el foco donde efectivamente está el problema y fiscalizar para que esta normativa tenga pleno cumplimiento, ya sea con 1% o 2% de contratación de personas con discapacidad, sin que ningún sector pueda estar fuera del compromiso que Chile adquirió al ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de implementar las medidas pertinentes para la incorporación de personas con discapacidad al empleo.

En este contexto, adquiere especial relevancia el Proyecto de Acuerdo del Senado de la República de Chile que solicita fortalecer la implementación de la Ley 21.015, el cual plantea qué la Dirección del Trabajo debe tener un rol activo y fiscalizador al igual que la Contraloría General de la República respecto a esta norma, con el propósito de identificar a tiempo situaciones donde no se esté cumpliendo. De esta forma se podrá abordar el problema directamente desde la causa que genera el escaso cumplimiento de la normativa, en miras de asegurar que más personas con discapacidad puedan incorporarse al mundo del trabajo.