Un Chile para todos y todas: demanda principal en tiempos cruciales
El desplazamiento de la sociedad representada como en un régimen de clases, donde las desigualdades eran leídas a partir de su posición material, ha implicado una serie de efectos no siempre del todo comprendida y asumida a la hora de los diagnósticos.
Esto no significa que las clases sociales se hayan esfumado, sino que la sociedad ya no parece representarse desde esta perspectiva tradicional. Vivimos en un tiempo en el que las desigualdades se han diversificado y se manifiestan en múltiples facetas, cada una de ellas reclamando igual atención y necesidad de reconocimiento.
Una de las consecuencias de este cambio es que los llamados "intereses objetivos", a menudo invocados en la representación política y social, han sido desplazados por procesos identificatorios más complejos y subjetivos. Esto plantea una cuestión que a menudo inquieta a las fuerzas progresistas y de izquierda: ¿Por qué los ciudadanos a veces votan "en contra de sus propios intereses"?
La respuesta no es que estén votando en contra de sí misma, sino más bien que están expresando otros tipos de intereses, menos evidentes pero igualmente influyentes. Estos intereses se juegan en el ámbito de las identificaciones, en los procesos vitales a través de los cuales las personas forjan su identidad y percepción del mundo. En ocasiones, un aspecto secundario o específico puede tomar un protagonismo inesperado en el proceso de toma de decisiones, como es el caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Esto no refleja incoherencia ni solo decisiones pendulares, como a menudo se tiende a pensar, sino más bien ambivalencias subjetivas que siempre encuentran un punto central de articulación.
La distinción entre intereses e identificaciones es crucial para comprender los procesos subjetivos contemporáneos. De lo contrario, se corre el riesgo de atribuir todo a problemas de comunicación o a manipulaciones ideológicas. Es imperativo reconocer y abordar estas lógicas vitales en la política y la sociedad en su conjunto.
Estos procesos identificatorios pueden conducir a diversas respuestas políticas, como se evidencia en el caso de la seguridad ciudadana. Sin embargo, lo más importante es reconocer la necesidad de abordar estos ciclos vitales y comprender cómo afectan las preferencias y elecciones de las personas.
El proceso de redacción de una nueva Constitución en nuestro país es un ejemplo revelador de esta dinámica. Es notable que, a pesar de la baja valoración de las diferentes fuerzas políticas por parte de la población, un indicador crucial de éxito para la nueva Constitución es que cuente con el apoyo transversal de estas mismas fuerzas. Este fenómeno muestra que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar una Constitución que solo represente a una parte de la sociedad. Quieren una Carta Magna que sea un verdadero contrato social, capaz de incorporar las visiones y las necesidades de todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas.
Sin embargo, en el nuevo proceso constitucional encontramos hasta ahora, según diversos estudios, un amplio rechazo. Este no es a la idea de una nueva Constitución la cual se sigue considerando de manera positiva y necesaria. La sociedad teme que el actual proceso constitucional, la nueva Constitución sea elaborada como una "constitución de la revancha". Esta inquietud pone de manifiesto una preocupación central en la mente de los ciudadanos: la necesidad de que la nueva Constitución refleje valores de justicia, inclusión y equidad en lugar de favorecer a un grupo en particular.
Por lo tanto, en este momento crucial de la historia de Chile, la lucha no debe ser simplificada como un enfrentamiento entre izquierda y derecha, o entre democracia y neofascismo. Puede ser un gran error resituarla de esta manera. Más bien, todas las fuerzas democráticas, independientemente de su orientación ideológica, tienen la responsabilidad de encarnar el principio de continuidad democrática. La demanda fundamental sigue siendo la misma: un Chile para todos y todas. Ya sea como respuesta a las diversas desigualdades o como ahora, un llamado a la aceptación de reglas que permitan la convivencia. Esta seguirá siendo la demanda principal que debe ser acogida y representada en los futuros procesos deliberativos.
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